MIGUEL GÓMEZ, S/C de Tfe. El Día
La Universidad de La Laguna acometió en 2008 una tarea pendiente: la creación de su propio servicio de prevención de riesgos laborales. El equipo del rector, Eduardo Doménech, terminaba con un retraso de casi diez años en el cumplimiento de la ley que obliga a las empresas con más de 500 trabajadores a disponer de este recurso. Tras llenar ese vacío, la ULL deberá cubrir otro, la elaboración y aprobación de un plan de prevención de riesgos, un documento que debía estar en vigor seis meses después de la constitución del servicio. Han transcurrido, pues, dos años y medio, desde que ese plazo venciera.
El Ministerio de Trabajo ya ha remitido un requerimiento a la institución urgiéndola a impulsar este plan. En su respuesta, la Gerencia de la ULL asegura que actualmente se encuentra redactando el borrador y que tiene la intención de aprobar el documento antes de que finalice el año. Asimismo, alega la conveniencia de esperar a la "inminente" aprobación de un real decreto que adaptará la ley de prevención de riesgos al ámbito universitario.
El grupo mayoritario del sector del personal de administración y servicios en el Claustro de la ULL, EUPAS, ha criticado este retraso y destaca la importancia de este plan, puesto que en él se detallan "las responsabilidades y la cadena de mando" en cuanto a la prevención de riesgos laborales y la integración de la cultura preventiva en todas las actuaciones y políticas que desarrolle la institución.
EUPAS se interesó por este asunto en una sesión del Claustro celebrada a finales del año pasado. "No obtuvimos ninguna respuesta", recuerda Jorge Sentís, componente del grupo, quien también llama la atención sobre la escasez de personal que, a su juicio, sufre el servicio de prevención ya creado en la ULL.
"Una empresa como la ULL, con diversos tipos de riesgos y muy repartidos entre diferentes centros, debería contar con un servicio de prevención adecuado a sus necesidades, y no es así", argumenta Sentís. Dos técnicos y un administrativo conforman la plantilla. El servicio solo cubre, además, dos de las cuatro especialidades en la materia -seguridad y ergonomía-, mientras que las otras dos -higiene industrial y medicina del trabajo- han sido contratadas a empresas externas.
Según EUPAS, el personal "está agobiado y estresado por la carga de trabajo". Los técnicos, recuerda Jorge Sentís, "tienen incluso responsabilidad penal, y pueden ser llamados a declarar ante un juez en caso de que se produzca un accidente".
El requerimiento del Ministerio de Trabajo llegó, prosigue Sentís, tras las denuncias interpuestas por los delegados de prevención a la Inspección y tiene "carácter de ultimátum". Además, insta a la Universidad de La Laguna a desarrollar los planes de evacuación y extinción de incendios que, según EUPAS, han sido elaborados en las facultades -no así en los colegios mayores e institutos de investigación, afirma- para luego "guardarse en un cajón".
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