domingo, 17 de abril de 2016

Seis meses para devolver un dinero descontado ilegalmente.


Después de tres años, tres largos años, la Universidad de La Laguna dándonos la razón, se aviene a reconocer la prescripción del expediente sancionador a dos compañeros trabajadores de la biblioteca de la Facultad de Educación y obliga a uno de ellos a aceptar un plazo de seis meses (intentaron que fuera mayor) para devolverle el dinero de su salario que le descontaron ilegalmente.


Sabíamos y así lo manifestamos en su momento que la razón estaba de nuestra parte y se avienen a reconocerlo para evitar, una vez más, entrar en el verdadero problema que se puso de manifiesto durante los sucesos.
Nunca le importó  al Rector Doménech, ni a los miembros de su equipo, saber por qué  la Institución a la que representaban, vulneraba la obligación de preservar la salud de sus trabajadores. Nunca le interesó al Rector Doménech, ni a los miembros de su equipo, saber los métodos que utilizaba el Inspector de la ULL, ni investigar las irregularidades que cometía en la instrucción de los expedientes vulnerando los derechos de los trabajadores. Nunca le importó al Rector Doménech, ni a los miembros de su equipo, atender a las alegaciones presentadas por los trabajadores  en relación al expediente que los sancionaba. Esto queda sobradamente probado con la comprobación de que nunca ninguno de los distintos responsables a los que se dirigieron los trabajadores reclamando su intervención, les dio respuesta alguna.
Por ello concluimos que, como se puede comprobar en el expediente informativo, la Universidad de La Laguna  incumplió de forma imprudente las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Que los distintos responsables bibliotecarios actuaron de manera negligente al acometer las obras e insolidaria ante la reclamación de los trabajadores afectados. Que los responsables de la Prevención de Riesgos actuaron de manera negligente antes y después de los hechos denunciados. Que el Servicio de Inspección cometió distintas irregularidades durante el expediente y en sus conclusiones, actuando de manera negligente y chapucera.  
Tres largos años para reconocer la Institución universitaria, no así el Rector Doménech ni su equipo, que teníamos razón y que no podían hacer lo que hicieron y encima, ahora, le solicitan al trabajador que espere hasta seis meses para recuperar su dinero.

Queremos aprovechar la ocasión para recordarles a los dirigentes de esta Institución que los salarios y los gastos de asesoría jurídica de nuestro sindicato, se cubren exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados, por el contrario, los gastos de las asesorías que trabajan para la ULL no salen de sus bolsillos, salen de los impuestos que todos pagamos y estos recursos tienen que ser utilizados con la responsabilidad de quien ostenta la representación de toda la comunidad universitaria.

lunes, 4 de abril de 2016

Huelga no es delito



“Huelga no es delito”, Acto en defensa del derecho de huelga.
7 de Abril, con la asistencia de José Alcázar, Presidente del Comité de Empresa de los 8 de Airbus.

Es conocido el ataque que se ha producido a compañeras y compañeros que en el ejercicio legítimo del derecho de huelga en los últimos tiempos, del que ha sido expresión más paradigmática el juicio a los ocho sindicalistas y trabajadores de Airbus, participantes en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral que abarató el despido, el fiscal solicitaba sesenta y seis años de cárcel, basándose en el artículo 315.3 del Código Penal por el simple hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga y de cuyo juicio finalmente salieron absueltos. Son ya más de 300 las personas encausadas, algunas ya juzgadas y condenadas, otras a la espera de juicio, por participar en la organización y convocatoria de huelgas generales, sectoriales o de empresa. El Ministerio Fiscal y los poderes públicos, especialmente en la última legislatura del gobierno conservador, no se han andado con rodeos: petición de penas desproporcionadas para intentar acallar el conflicto laboral y criminalizar la actividad sindical.

La desproporcionada e injusta petición de cárcel para los sindicalistas imputados no tiene precedente en esta democracia. Una decisión que obedece a una ofensiva planificada para perseguir al sindicalismo de clase, criminalizar a quienes ejercen el derecho de huelga y generar un clima de miedo que evite la protesta y la movilización, como lo demuestra el hecho de que ahora se utilice el artículo 315.3 del Código Penal para pedir penas de prisión, del que no se había hecho uso desde la época franquista. Durante más de treinta y cinco años, los trabajadores y trabajadoras han ejercido democrática y constitucionalmente el derecho de huelga. Un derecho ahora cuestionado por los poderes públicos, como demuestran las múltiples actuaciones penales abiertas contra sindicalistas.
Frente a este ataque sin precedentes a la libertad sindical, los distintos sindicatos han mantenido a lo largo de los últimos años una intensa campaña de movilización bajo el lema “HUELGA NO ES DELITO”, para denunciar la criminalización del derecho de huelga y apoyar a los sindicalistas y trabajadores encausados y condenados.

El objetivo es defender su causa, así como el derecho de huelga y pedir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el ejercicio de este derecho constitucional, básico y fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.