sábado, 4 de noviembre de 2017

Estimado usuario si quiere ir al bar, vale, pero la Biblioteca está cerrada....


...Bibliotecas cerradas (ciencias de la salud) o que van a ser cerradas en plena actividad académica (biblioteca de Educación), accesos dificultosos y peligrosos a zonas de servicios y aulas, servicios en donde se han realizado obras, durante el periodo laboral, sin garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores destinados en ellos y sin informes de los responsables de prevención de riesgos...
Por el bar del edificio central no tienen que preocuparse, éste se reformó durante el cierre de verano.  
Y todo esto sucede bajo la responsabilidad de la Vicerrectora de Infraestructura y Servicios Universitarios cuyas competencias son:

Las Infraestructuras, aunque visto lo visto, nosotros lo  definiríamos simplemente como “Obras”.

Las Bibliotecas y Salas de Estudio, que a lo que parece, la mejor manera de que no te den problemas es acometer obras y cerrarlas durante meses (en pleno curso). 

El  Servicio de Publicaciones –en el que se tuvo a los trabajadores del servicio más de un mes “comiendo polvo” olores, ruidos, etc., sin que se hayan tomado ningún tipo de medida para garantizar la salud e integridad de sus trabajadores. 

El  Servicio de Deportes, que también está en obras durante el periodo de actividad escolar y en pleno funcionamiento de sus actividades.

Los Servicios de cafeterías y comedores universitarios, entre los que se encuentra el bar de edificio central, cuya mejora se realizó durante el cierre de verano. Algunos recordaran aquello que se decía, de que La Laguna es el único bar que tiene universidad.

Presidir las mesas de contratación en aquellas materias de su competencia específica. Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros. Esta autorización implica la competencia para la firma del correspondiente contrato, en los términos de la Ley de Contratos del Sector Público. Contratos por los que algunos de nuestros representantes han preguntado en Consejo de Gobierno no quedando satisfechos, en absoluto, con la respuesta obtenida, que denota una clara falta de transparencia y control.

En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de Infraestructuras y Servicios Universitarios que no estén atribuidas de forma expresa a otro órgano.

Como recordaran algunos representantes hemos denunciado y exigido en el Consejo de Gobierno de la ULL, que desde el equipo de gobierno y desde los propios vicerrectorados, se les recuerde a los directores de secretariado que se limiten exclusivamente a la única competencia que tienen reconocida, el asesoramiento a los vicerrectorados a los que estén adscritos, ¿y cuál ha sido la respuesta? Ninguna.




jueves, 26 de octubre de 2017

NO ORDENA EL QUE QUIERE...SINO EL QUE PUEDE


A la vista de que caen en saco roto las propuestas y sugerencias que los representantes institucionales del personal de administración y servicios le hacen a los órganos de dirección de la ULL, y convencidos como estamos, de que las situaciones de confusión generadas por la atribución o asimilación ilegal de competencias por parte de algunos directores de secretariado, contribuyen de manera objetiva a una gestión deficiente y coloca en situación de riesgo a aquellos compañeros que asuman “directrices u órdenes” de personas que en absoluto tienen competencia legal, ni institucional, para ello;  desde Alternativa SOC, insistimos nuevamente para que ningún trabajador se llame a engaño, en recordar las competencias que a los directores de secretariado les atribuye los Estatutos de la Universidad de La Laguna.

CAPÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DE ÁMBITO GENERAL.  Artículo 171. Los Vicerrectores Apartado 5. (Los vicerrectores)   Podrán proponer al Rector para su nombramiento, oído el Consejo de Gobierno, a profesores con dedicación a tiempo completo como directores de Secretariado para asesorarse en el empeño de sus funciones, sin que le corresponda la dirección de órgano o servicio alguno.

Los actuales Directores de Secretariado nombrados hasta el día de hoy, según consta en el organigrama del equipo de gobierno de la ULL, son:
  • Ana Mª Vega Navarro.  Directora de Secretariado de Formación e Innovación Docente
  • Vanesa Muñoz Cruz.  Directora de Secretariado de Evaluación y Mejora de la Calidad Docente
  • José Miguel Cáceres Alvarado.  Director de Secretariado de Titulaciones
  • Carina Soledad González González.   Directora de Secretariado de Innovación y Tecnología Educativa
  • Teresa Rodríguez Ferrer.  Directora de Secretariado de Profesorado
  • Luis Fernando Díaz Vilela.  Director de Secretariado de Ordenación Académica
  • Juana del Pilar Rodríguez Mendoza.   Directora de Secretariado de Planificación Académica
  • Francisco Javier del Castillo Vargas.   Director de Secretariado de Investigación
  • Gustavo Marrero Díaz.   Director de Secretariado de Proyectos Internacionales
  • José Luis Rodríguez.   Director de Secretariado del SEGAI
  • Pedro Antonio Toledo Delgado.   Director de Secretariado de Análisis y Seguimiento de la Investigación                                                           
  • Rafael Arnay del Arco.   Director de secretariado TIC
  • Isabel Karely León Pérez.   Directora de Secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social
  • Francisco Javier Amador Morera.   Director de Secretariado de Responsabilidad Social Universitaria
  • José Alberto Martínez González.   Director de Secretariado de Patrocinio y Mecenazgo
  • Desiderio Gutiérrez Taño.   Director de Secretariado de Comunicación
  • Juan Manuel Herrera Hernández.  Director de Secretariado de Participación Estudiantil
  • Raquel Martín Rivero.   Directora de Secretariado de prácticas externas y accesos específicos
  • José Francisco Sigut Saavedra.   Director de Secretariado de Movilidad Internacional
  • Javier Hernández Borges.  Director de Secretariado de Proyección Internacional
  • Antonio Cano Ginés.  Director de Secretariado de Cooperación Internacional
  • Carlos Trujillo Cabrera.   Director de Secretariado de Convenios y Convocatorias Internacionales
  • Pedro Sánchez Luis.   Director de Secretariado de Infraestructuras y Sostenibilidad
  • Benjamín González Díaz.   Director de Secretariado de Sostenibilidad y Servicios Universitarios

Así pues, la Universidad de La Laguna cuenta en estos momentos con 24 profesores/as con dedicación a tiempo completo que han sido nombrados/as como directores/as  de Secretariado a propuesta de los Vicerrectores/as para asesorarse (los Vicerrectores/as) en el empeño de sus funciones, sin que le corresponda la dirección de órgano o servicio alguno; es decir, no ordena el que quiere, sino el que puede.


viernes, 20 de octubre de 2017

EUPAS solicita del Rector el cese del Director de Secretariado de Infraestructuras y Sostenibilidad




...El grupo claustral EUPAS solicita del Rector de La Universidad de La Laguna, el cese de manera inmediata del Director de Secretariado de Infraestructuras y Sostenibilidad Pedro Sánchez Luis, entendiendo que, de manera reiterada e insistente, durante el desarrollo de su actividad, ejerce lo que a nuestro juicio  entendemos como un claro abuso de sus competencias...
...En la persona que nos ocupa, se da la circunstancia además, de que ya desempeño con anterioridad, el mismo cargo generando idéntica situación de crítica en sus maneras y en el asesoramiento dado a quien desempeñaba el cargo de Vicerrector en aquel momento, durante las obras realizadas en el edificio central de la ULL; Obras y reformas que fueron criticadas duramente por amplios sectores de la Comunidad Universitaria e incluso calificadas, por algunos, como atentados al patrimonio histórico de la Universidad de La Laguna.....

Leer más: http://eupas-ull.blogspot.com.es/2017/10/peticion-de-cese-del-director-de.html


viernes, 6 de octubre de 2017

DEFENDAMOS HOY LAS PENSIONES DE MAÑANA


Los Sindicatos, Partidos Políticos y Colectivos Sociales firmantes del manifiesto, convocan a toda la ciudadanía a la  MANIFESTACIÓN UNITARIA el domingo, 8 de octubre, a las 11,00 horas, en la Plaza Weyler. 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
Las pensiones de jubilación son un derecho básico de las trabajadoras y trabajadores reconocido en la Constitución, cuyo artículo 50 dice que “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”
Pero en la práctica este mandato constitucional –como tantos otros– no tiene efectividad alguna, pues las instituciones del Estado que deberían representar los intereses de la mayoría social y, por tanto, garantizar ese derecho, no lo hacen. Al contrario, con el pretexto de la crisis económica los últimos gobiernos del PSOE y, en mayor medida, del PP han puesto en práctica una serie de políticas con el objetivo, indisimulado y exitoso, de cargar las consecuencias de esa crisis solamente sobre las clases subalternas de la sociedad (trabajadores de todo tipo y condición, pequeños y medianos empresarios, funcionarios y pensionistas), en beneficio exclusivo de la banca y las grandes empresas, los verdaderos responsables del crack económico.
Desde el inicio de la crisis se han perdido en España 30.000 millones en salarios, mientras que los beneficios de los grandes empresarios y financieros han aumentado 14.000 millones. Hoy las rentas del capital en el Estado Español crecen el doble que los salarios. Los ricos se están haciendo inmensamente ricos, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.
Los recortes sociales llevados a cabo por el PP y por el PSOE, especialmente las reformas laborales, han abocado a millones de trabajadores activos al paro, la precariedad y la miseria. La misma miseria que está afectando también hoy a una gran mayoría de pensionistas.

ATAQUE SIN PRECEDENTES.- Porque el sistema público de pensiones está sufriendo, debido a estas políticas, un ataque sin precedentes, que perjudica gravemente tanto a las trabajadoras y trabajadores actualmente jubilados como, en mucha mayor medida, a las que se jubilarán en el futuro.
Las pensiones contributivas de la Seguridad Social –las más numerosas– se financian con las cotizaciones aportadas por los empresarios y los trabajadores. Antes de la llegada del PP al Gobierno en diciembre de 2011, estas cotizaciones generaron en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social un superávit de muchos miles de millones de euros. Concretamente, en noviembre de 2011 –el último mes del segundo gobierno de Zapatero–, con cuatro años de crisis y un paro que llegaba a los cuatro millones y medio de personas, la llamada ‘hucha’ de las pensiones, creada para garantizar el pago de las prestaciones en épocas en que lo ingresos fueran inferiores a los gastos, alcanzó su cima de 66.815 millones de euros.
Esa ‘hucha’ seguiría nutriéndose ahora, si el empleo precario y mal pagado, las bonificaciones empresariales de cuotas a la Seguridad Social y otras medidas antisociales no la estuvieran agotando definitivamente.

CRISIS INDUCIDA.- Porque son las políticas económicas de las últimas legislaturas –orientadas a beneficiar los intereses de los capitalistas para explotar cada vez más a los trabajadores y trabajadoras–,  las que han incidido gravemente en la llamada “crisis de las pensiones”, una crisis inducida para favorecer a los Fondos Privados de Pensiones, ansiosos de apoderarse de un “negocio” que mueve más de 120 mil millones de euros al año.
El sistema de pensiones públicas es uno de los escasos instrumentos de redistribución de la riqueza que, basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional, debería ser cuidado y preservado con especial atención por los poderes públicos. Las pensiones, además de constituir un factor –todavía muy insuficiente– de cohesión social, son el medio de vida y sustento de uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables y juegan un papel cada vez más importante en el ámbito económico, como garantía de demanda de bienes y servicios que, a su vez, son motor de creación de empleo.

REFORMAS NEFASTAS.- Son tres las últimas reformas que más han incidido en la citada crisis de las pensiones:
La Ley 27/2011 del último Gobierno de Zapatero sobre Actualización,   Adecuación y Modernización de la Seguridad Social, que aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años, así como el número de años computables para el cálculo de la pensión, que de 15 pasó a 25, y fijó en 37 años el tiempo necesario para tener derecho al 100% de la prestación, lo que supone un listón inalcanzable para millones de personas y uno de los mayores recortes de gasto en Europa.
La Ley 23/2013 del primer Gobierno de Rajoy, reguladora del Factor de  Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que desvinculó del IPC el aumento anual de las prestaciones y estableció para su revalorización un mínimo del 0,25% y un máximo del 0,50% más el IPC, lo que ha supuesto, en la práctica, la progresiva disminución del poder adquisitivo de las y los pensionistas.
Esta ley contempla también que a partir del 1 de enero de 2019 el importe        de las pensiones de jubilación estará vinculado a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, mediante una fórmula que disminuirá progresiva y sensiblemente las prestaciones de quienes se jubilen después de esa fecha.
Como consecuencia de esta última reforma, las pensiones en Canarias, como en el resto del Estado, sólo se han incrementado los últimos cuatro años un miserable 0,25%. Esto significa, por ejemplo, que para millones de pensionistas el incremento vigente en 2017 no alcance los 1,75 euros al mes. Si, además, tenemos en cuenta que en los Presupuestos Generales del  Estado se prevé que el IPC de este año se va a situar bastante por encima del porcentaje citado y a ello le sumamos los años en los que las pensiones han estado congeladas, el resultado es que el poder adquisitivo de las personas mayores se encuentra en caída libre, con el consiguiente empobrecimiento y exclusión social de la gran mayoría de las personas jubiladas.
La aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, que establece el llamado  «copago  farmacéutico» y que implica el abono por los pensionistas de parte –o de todo– el precio de los medicamentos, que hasta esa fecha eran gratuitos. Un reciente informe de CC.OO. calcula que los pensionistas y trabajadores activos han gastado en medicinas 6.490 millones más desde que el Gobierno cambió el sistema de copago en 2012.

LA BRECHA DE GÉNERO.- La ignominia de la desigualdad de género se advierte claramente en el sistema de la Seguridad Social. La pensión media de las mujeres es un 30% inferior a la de los  varones. El 62% de las pensiones de jubilación de las mujeres están por debajo de los 600 euros, si quitamos los complementos, mientras que en esta misma situación sólo están el 18% de las pensiones de los hombres. Además, las mujeres constituyen el 93% de las personas que reciben una pensión de viudedad y el 70% de quienes tienen una pensión no contributiva, que son las más bajas del sistema. Se mantiene también en la vejez la desigualdad que viven las mujeres en relación al trabajo y los cuidados a lo largo de toda su vida.

CONCLUSIONES.- La crisis de las pensiones no es un problema económico sobrevenido, sino la consecuencia de unas políticas de austeridad que han desmantelado el incipiente estado de bienestar de las mayorías sociales, en beneficio de las grandes corporaciones y empresas del capitalismo financiero. Estas políticas están sumiendo en la marginación y la miseria a amplias capas de la población, entre ellas a la mayoría de las y los pensionistas.
La ruina de la Seguridad Social no es tanto una consecuencia de la crisis como  una cuestión de ideología y voluntad política, que nos aboca a un escenario de pensiones de subsistencia para pobres y de planes privados de pensiones para la ínfima minoría que pueda pagarlos.

Por todo ello, las organizaciones sociales, políticas, sindicales y vecinales  firmantes de este manifiesto, llaman al conjunto de la ciudadanía a movilizarse para asegurar un Sistema Público de Pensiones que garantice una vida digna a las personas jubiladas, y que concretamos en los siguientes objetivos:
1º.- Que los desfases entre ingresos y gastos de la Seguridad Social se cubran   desde los Presupuestos Generales del Estado.
2º.- Aumentar la cuantía de las pensiones –empezando por las no contributivas y contributivas mínimas–, hasta igualarlas al salario mínimo interprofesional; dentro del objetivo de lograr que la pensión mínima alcance los 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea como necesario para tener una vida digna.
3º.- Recuperar el modelo de revalorización automática de las pensiones en  relación al IPC, para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.
 4º.- Restablecer los 65 años como edad máxima de jubilación, en el contexto de una escala que considere edades más tempranas de retiro para aquellas profesiones que impliquen un mayor desgaste o riesgo físico o psíquico de los trabajadores y trabajadoras que las ejercen.
 5º.- Establecer fórmulas que rompan la brecha existente entre las pensiones  percibidas por hombres y mujeres.
6º.- Eliminar todo tipo de copago o repago farmacéutico
7º.- Alcanzar cuanto antes la inversión media de la UE en pensiones.
8º.- Mantener el carácter público de los servicios de la Seguridad Social, sin  privatizar la gestión.

Organizaciones firmantes:
Alternativa SOC.   CCOO.   COBAS.  CSI-F.   Coordinadora de Estibadores. UGTUSO.   ANC.   Anticapitalistas.  J/PCPC.   Izquierda Unida.   PCPC.   Partido Feminista. Podemos.   Recortes 0.  Sí se Puede. XTenerife.  A.VV. El Perenquén.   A.VV. Toscal Tribulaciones.  Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias.  Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria.  Canarias se Defiende. Centro de la Cultura Popular Canaria.  Colectivo Harimaguada.   Junta Republicana de Canarias.   Radio San Borondón.   PLANMOCAN.

S/C de Tenerife, a cuatro de octubre de 2017





jueves, 29 de junio de 2017

DIRECCIÓN DE LA BULL, EXPERIMENTOS CON GASEOSA.



La Dirección de la BULL dice haber presentado  un “proyecto piloto” -uno más- para la reorganización de la  BGYH, a través de la creación  de lo que denominan “grupo de mejora para la redacción del Plan de Reorganización de la BGYH”. Ese plan, que por otra parte ya tienen perfectamente diseñado, como en el propio proyecto se indica, pretende “…establecer las líneas de actuación para llevar a cabo esta transformación integral  y  plantear un proyecto viable para conseguir una biblioteca mejor para nuestros usuarios, para el personal y para el servicio en general….”

¿Ha aprobado la gerencia permitir el traslado de los trabajadores de una planta a otra, de una biblioteca a otra…? Esa fue la pregunta que se le realizó desde la representación de EUPAS en el Consejo de Gobierno, celebrado el martes 27 de junio, y como no podía ser de otra manera, su respuesta fue no” y nosotros añadimos que, además,  tampoco se puede obligar a los trabajadores a participar en “grupos de trabajo” en los que no se quiere participar y que sólo serviría para darle carácter de participación a lo que ellos ya han elaborado y que es una vieja aspiración de la BULL, en su empeño reiterado de creer que es una organización al margen del resto de la Universidad, y como casi siempre saltándose, de manera torticera, la obligada participación de los órganos de representación de los trabajadores.

Las conclusiones del supuesto “grupo de mejora” serán entre otras: “presentar a la Gerencia de la Universidad un “proyecto limitado” que, contando con el consenso de los afectados, nos permita adaptar el Servicio a las necesidades de los usuarios y detectar las nuevas necesidades funcionales de los que trabajamos en la Biblioteca, para exportarlo luego al resto del Servicio”….
La asignación del personal debe ser a la BGYH
Adscripción del Personal a la Biblioteca General y de Humanidades y a los Servicios generales de la Biblioteca
Crear una plaza de Dirección o Coordinación de la Biblioteca General y de Humanidades (nivel de Jefatura de Sección)
Creación de la Conserjería

Y nosotros nos preguntamos:

¿Quién mejora con estas medidas? ¿Quién ha determinado las necesidades de los usuarios? ¿Quiénes tenemos que tener nuevas “necesidades funcionales”?