martes, 25 de noviembre de 2014

no conocimos el franquismo pero nadie podrá negar que hemos sufrido sus consecuencias


"En la publicación litigiosa no se detecta ninguna expresión ofensiva o injuriosa limitándose el comunicado a exponer unos hechos con ánimo de que se mejore el servicio y se eviten perjuicios. Una publicación hecha en el ejercicio legítimo del derecho del gobernado a controlar al gobernante, a la libertad de expresión y de información, a la legítima crítica de la actuación de los poderes públicos y a la defensa de los estudiantes por los miembros de un grupo claustral, a cuyo efecto se ha constituido, no puede entenderse como una ofensa de palabra habiendo fuentes de información procedente de la Fundación que imputaban el retraso a la Universidad, máxime cuando el relato de hecho no contiene ninguna expresión ofensiva o injuriosa, antes bien, se limita a exponer asépticamente unos hechos con ánimo de que se mejore el servicio y se aclara después que la crítica es a los responsables del servicio y no a las personas que lo ejecutan de las que no depende s organización y funcionamiento."

“Como podrán comprobar somos jóvenes y no conocimos el franquismo pero nadie podrá negar que hemos sufrido sus consecuencias” Esta frase –emitida por el portavoz del grupo claustral AMEC en su intervención en un acto sindical unitario- reflejaba y refleja a la perfección las sensaciones de los miembros de este grupo claustral en la guerra desatada desde el Rectorado de la ULL contra ellos.
El FSOC, desde un principio manifestó públicamente su apoyo y reconocimiento al grupo claustral más combativo y participativo en el sector del alumnado, además de ser el de mayor representación; y criticábamos la reacción desmedida y desproporcionada mantenida por las autoridades académicas a lo que tan sólo era una nota de prensa en la que se evidenciaban que se habían cometido errores en la gestión de las becas. Para nosotros nada de lo sucedido justificaba la apertura de un expediente disciplinario a todos los miembros claustrales de esa formación estudiantil y sosteníamos que nos parecía un acto de soberbia y prepotencia absolutamente desproporcionada la que se ejercía, en representación de algunos órganos de dirección de la Universidad de La Laguna, y no en representación de TODA la comunidad universitaria a la que el Rector tiene la obligación de representar.
Por fin y tras cuatro años de litigio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de apelación presentado por los responsables universitarios a la sentencia de 2013 que daba la razón a los miembros de AMEC y ante el que ya no cabe recurso alguno. Esperábamos una respuesta en forma de disculpa por parte del Equipo de Gobierno de la ULL, la esperábamos sinceramente y hemos dado tiempo para que esta se produjera, pero al parecer esto no va a suceder, dejando en entredicho cuales eran los objetivos perseguidos con dicha demanda. Seguramente a este grupo de jóvenes les compensaría poco o nada que la Universidad a la que pertenecen les pidiera disculpas, después de pasarse cuatro años enfrentados a una institución infinitamente más grande que ellos y que cuenta con sus asesores jurídicos, su inspector de servicios, sus asesores políticos y recursos institucionales. Por nuestra parte creemos que representan mejor que otros, no solo a su colectivo sino también los valores que se le suponen a la comunidad universitaria a la que pertenecen.

Los representantes de esta institución no se representan a sí mismos, su cometido y responsabilidad es representarnos a todos los que formamos parte de esta comunidad. Los decanos de nuestras facultades, representan a todos los miembros de esa Facultad –incluidos sus alumnos- pero el Rector de nuestra Universidad tiene la obligación de representarnos a todos y no ha sido así, como quedo patente en el claustro sobre la libertad de expresión, celebrado en marzo de 2008, y donde la mayoría de los grupos claustrales defendieron la libertad de expresión, el dialogo, y solicitaron la retirada de los expedientes a los alumnos de AMEC. Tan sólo Grupo (PAS ligado a CCOO) y Renovación Convergente (Profesorado) respaldaron plenamente la actuación del Rector y las medidas adoptadas, aunque al parecer no van a reconocer que se equivocaron y solicitar disculpas.

martes, 28 de octubre de 2014

NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD


En 1992 se crea el Ente Público Aena, encomendándole la gestión de todos los Aeropuertos del Estado español y manteniendo con los beneficios de los Aeropuertos rentables, otros aeropuertos de interés general. Se convierte en la mayor entidad de gestión aeroportuaria del mundo, todo ello sin que le costara ni un solo euro al contribuyente, pues se financia con los ingresos aeronáuticos y comerciales propios de su actividad y generando riqueza. A pesar de que en el pasado año AENA produjo beneficios tras un drástico proceso de reestructuración, ahora se pretende utilizar la deuda fruto de la mala gestión de sus directivos como excusa para la privatización.
Prácticamente desde su creación el Ente Público Aena ha sufrido la amenaza de la privatización y la constante presión de los grupos financieros plenamente interesados en participar del pastel ante los excelentes ingresos económicos que aumentaban año tras año, en paralelo al crecimiento del turismo.
En 2010 se separa Navegación Aérea (seguiría siendo Ente Público AENA) de Aeropuertos (que pasaría a AENA Aeropuertos S.A.). Abriéndose la puerta a la entrada en AENA Aeropuertos S.A. al capital privado, la privatización de algunas Torres de Control y la posibilidad de gestión individualizada de cada aeropuerto.
En 2012, con el PP ya en el Gobierno del Estado, se hace público el llamado “Plan de Eficiencia Aeroportuaria” incluyendo un ERE que afectaría a 1.500 trabajadores y trabajadoras. Tras la aplicación del Plan de Eficiencia, volvían a apuntar a la posibilidad de la privatización parcial de AENA Aeropuertos.
Finalmente, el 13 de junio de 2014 aprueban la venta del 49%, reservándose un 21% a inversores de referencia y el resto, el 28%, a pequeños inversores. Finalizando el plazo para salida a bolsa en la primera quincena de noviembre.
El Gobierno español perjudica gravemente al Pueblo Canario, a sus necesidades vitales de movilidad y renuncia a convertir los aeropuertos en motores del desarrollo económico, perjudicando la principal industria actual de Canarias -el turismo-, y sustituyendo el interés general por el interés de unos pocos. Resulta alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a los usuarios y a los ciudadanos/as, el impacto de esta operación en el coste, la calidad y la seguridad del servicio, así como en la actividad económica.
En Canarias, el empleo directo que generan los aeropuertos se aproxima a los 1.600 puestos de trabajo, a lo que habría que sumar todo el empleo indirecto que se genera alrededor de la actividad aeroportuaria.
Los aeropuertos son pieza clave para cubrir las necesidades vitales de movilidad de nuestro pueblo y motor económico de nuestro archipiélago. Nuestros aeropuertos no pueden permitirse ni más recortes ni más ataques al empleo. En el último año se ha destruido empleo en todos los sectores: handling, limpieza, puntos de información, seguridad, mantenimiento, cafeterías, AENA Aeropuertos, etc. El Ministerio de Fomento ha reconocido recientemente en el Congreso, la reducción de la plantilla en Canarias en un 15.6 % en los dos últimos años, sólo en AENA Aeropuertos.
Las verdaderas consecuencias de la privatización de AENA son:
·        Fuerte incremento del precio de los billetes en los próximos años, al igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la electricidad, el agua, etc.
·        Drástico empeoramiento de la calidad y seguridad del servicio público, como ejemplos: el deterioro progresivo de las infraestructuras aeroportuarias; las bajadas de nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios por falta de personal, los incumplimientos reiterados de los requisitos especificados en los Planes de Emergencia por falta de personal en servicios como el de operaciones y la eliminación del Servicio Médico y ambulancia en algunos aeropuertos.
·        Peligro de supresión de las rutas que no sean rentables económicamente para los inversores, aunque sí lo sean social y económicamente para el entorno y los ciudadanos a los que se debe garantizar la movilidad y conectividad.
·        Pérdida de empleo y precarización del trabajo en el sector.
·        Cierre de aeropuertos, necesarios especialmente en un territorio fragmentado en que los ciudadanos deben trasladarse de modo habitual para realizar trámites administrativos, acudir a consultas médicas, realizar estudios etc.
Es evidente que lo que se juega Canarias en este conflicto es una cuestión estratégica a medio y largo plazo. Mantener la gestión pública de los Aeropuertos Canarios es de vital importancia para las necesidades de nuestro Pueblo, su cohesión social, territorial y su desarrollo económico. Por ello, EXIGIMOS al Gobierno del Estado, la paralización del proceso de privatización y venta de los aeropuertos y RECLAMAMOS al Gobierno de Canarias que ponga todos los medios necesarios para mantener la titularidad y gestión pública de los aeropuertos de nuestro archipiélago.
Queremos hacer un llamamiento a la unidad del conjunto de la sociedad Canaria, asociaciones, colectivos ciudadanos, organizaciones políticas y sindicales, con el objetivo de mostrar nuestro rechazo más absoluto a esta privatización tan grave para los intereses de Canarias, privatización sobre la que nadie nos ha preguntado, y que constituye una nueva agresión a los ciudadanos del archipiélago, teniendo, como único objetivo, favorecer los interés económicos de unos pocos a costa de los de la sociedad en su conjunto.
¡NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS!

¡POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD!

lunes, 25 de agosto de 2014

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS!

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y POLÍTICAS

AL PUEBLO CANARIO

Los días 27 y 28 se debatirá para su aprobación, en el Parlamento, el Real Decreto donde se regula la entrada del 49% de capital privado en AENA.

Siguiendo con las movilizaciones que hemos estado realizando en contra de la Privatización de los Aeropuertos les convocamos a la

CONCENTRACIÓN

Jueves 28 de Agosto, de 12:00 a 13:30
Subdelegación del Gobierno, calle Méndez Núñez

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS!
¡POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD!
¡TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!






El próximo jueves 28 de Agosto, de 12.00h a 13.30h, coincidiendo con el debate en el Parlamento español, del Real Decreto donde se regula la entrada del 49% de capital privado en AENA, el Comité de empresa de AENA en el aeropuerto de Los Rodeos y representantes sindicales del Aeropuerto del Reina Sofía, convocamos una concentración en la Subdelegación del gobierno, calle Méndez Núñez para rechazar las intenciones del Gobierno de Rajoy de poner los aeropuertos en manos de la empresa privada, arrebatando así un bien que es de todos.

La opacidad en el modo de obrar  del Gobierno para privatizar una empresa pública estratégica para el desarrollo estatal como es Aena, la transferencia de riqueza  de un bien de todos a los bolsillos de unas pocas empresas privadas y la pérdida que se adivina de unas condiciones laborales estables y dignas, movilizan a los trabajadores de los aeropuertos tinerfeños para expresar su rechazo unánime a la privatización de Aena.

Los representantes de los trabajadores y trabajadoras de ambos aeropuertos denunciamos que de producirse la privatización, el servicio en los aeropuertos, no respondería al interés general, sino al incremento de la cuenta corriente de los accionistas de las empresas adjudicatarias. Las mismas que se lucraron con la burbuja inmobiliaria y especulativa en la “España” de la última década y que ha dejado tras de sí el panorama de devastación social que todos conocemos.

Siguiendo la lógica mercantil inherente a la privatización, los Comités del Sur y del Norte alertamos que de llevarse adelante  ésta se producirá sin remedio la merma en la seguridad operacional, el deterioro progresivo  de las infraestructuras aeroportuarias, recortes en derechos laborales cuando no el despido directo de los trabajadores, el  encarecimiento de las tasas y por consiguiente, del pasaje de avión; la pérdidas de rutas no rentables o directamente el cierre de aeropuertos que no respondan a la lógica de la obtención de beneficios a corto plazo. En definitiva, la red aeroportuaria del Estado español, considerada puntera y ejemplar a nivel mundial, y absolutamente necesaria en nuestro Archipiélago, el Gobierno la “regala” para rendir beneficios al capital privado y no a cohesionar el territorio como hasta ahora, brindando al ciudadano un servicio vital para la condición de región ultra periférica e insular que tiene Canarias y que además es la puerta de entrada de nuestra mayor industria: la turística.

Los trabajadores  trabajadoras de AENA, entendiendo de que no se trata simplemente de un conflicto laboral, ya que la privatización de los Aeropuertos en Canarias es un gravísimo atentado que afecta a toda la sociedad, especialmente a las capas populares, hacemos un llamamiento a todo el Pueblo Canario a expresar su rechazo y a poner en pie amplias movilizaciones que tiren abajo este atropello a nuestro Pueblo.

Inés Ferrer Mejías
Presidenta del Comité de Empresa AENA TFN


miércoles, 13 de agosto de 2014

Los sindicatos en tiempos neoliberales

Los sindicatos en tiempos neoliberales.
Joan Coscubiela
Diputado en el Congreso por el grupo La Izquierda Plural.


 ¿Cuál es la misión del sindicalismo hoy?
¿Es el sindicalismo una organización para los trabajadores o de trabajadores?
¿Cómo organizar a colectivos, cada vez más amplios que no tienen vínculo permanente con una empresa, que es el hábitat natural del sindicalismo?
¿Cómo generar conciencia y prácticas de cooperación entre colectivos de trabajadores en un modelo productivo que tiende a la descentralización y a la competencia entre trabajadores?
¿Cómo dar respuesta a la estrategia del capitalismo financiero global? resumida en la frase “repartiros el salario y los derechos entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de redistribuirlos fiscalmente, ni hablar
¿De dónde nace la legitimidad del sindicalismo” ¿Y cómo se mide esta legitimidad?
¿Debe el sindicalismo asumir funciones que vayan más allá de los intereses de sus afiliados? ¿Y si es así, cuales, en qué condiciones?
¿Las funciones del sindicalismo se limitan a la mejora de las condiciones de trabajo o abarcan otros aspectos sociales?
¿Qué relación debe tener el sindicalismo con otras formas de organización social de los trabajadores fuera del lugar de trabajo?
¿Qué puede aprender o desaprender el sindicalismo de esas formas de organización social?
¿Debe el sindicalismo asumir las funciones de representación política del conflicto social? ¿Y si es así con que límites?
¿Es viable un sindicalismo propio del Estado Nación en el marco de una economía globalizada?
¿Cuál es el papel de la comunicación en el funcionamiento del sindicalismo, en su legitimidad social?
¿Es hoy el sindicalismo un instrumento útil para la lucha social y para el objetivo de la igualdad? ¿Y cómo se mesura?
Las preguntas son inacabables y este espacio se queda pequeño, pero aunque pueda parecerlo no son preguntas teóricas. Se las plantean cada día, consciente o inconscientemente, decenas de miles de hombres y mujeres sindicalistas. Y responden como siempre con la práctica, no exenta de muchas contradicciones y callejones sin salida, también de notables éxitos, no siempre reconocidos, ni tan siquiera por sus protagonistas.
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil ni única. Lo que si sería deseable es que no respondiéramos a ellas con una cosa y su contrario a la vez.
Para explicarme, nada mejor que algunos ejemplos de afirmaciones muy repetidas por parte de trabajadores, sindicalistas, empresarios, sociedad y opinión publicada.
Por parte de trabajadores cosas como “Los sindicatos solo se preocupan de sus afiliados, por eso yo no me afilio” Para a continuación decir “Los sindicatos no me resuelven el problema”
Por parte de sindicalistas cosas como: “No queda más remedio que aceptar la doble escala salarial para trabajadores de nuevo ingreso, si no queremos que los trabajadores actuales nos tumben el convenio o el Comité. Para a continuación constatar el riesgo que esos jóvenes vean al sindicato como algo ajeno.
Por parte de las empresas afirmaciones como: “Los trabajadores y los sindicatos deberían implicarse más en el futuro de la empresa”, para a continuación decir que la participación de trabajadores y sindicatos en la organización de la empresa es un estorbo. Que eso es facultad exclusiva del empresario
Por parte de la sociedad: “Yo, como trabajadora de sanidad o de educación tengo derecho a hacer huelga”, para días después olvidarse que una huelga en los transportes públicos ocasiona perjuicio a los usuarios. Por supuesto el ejemplo puede ser perfectamente en dirección inversa.
Por parte de la opinión publicada: Los sindicatos deben modernizarse y no atender solo al salario directo, sino ofrecer servicios, para a continuación decir que los sindicatos no deben hacer estas funciones. O en sentido contrario, que si deben realizarlas,exigiendoles además que la atención a los inmigrantes, el asesoramiento jurídico o la formación que deben hacer los sindicatos debe ser universal a todos los trabajadores/as y financiado solo con los recursos de los afiliados.
Si he destacado estas contradicciones frecuentes, de las que nadie estamos exentos, es para poner de manifiesto la complejidad del debate. Y para intentar huir de respuestas fáciles a algunas preguntas clave.
Apunto algunas de mis reflexiones a lo largo de estos años. Sin ninguna pretensión ni sistémica ni omnicomprensiva. Simplemente para intentar que el debate pueda estructurarse

jueves, 17 de julio de 2014

Acabemos con la complicidad

Las universidades y el apartheid israelí: acabemos con la complicidad
Como miembros de la comunidad universitaria, nos sumamos a la llamada hecha desde el conjunto de la sociedad y de las universidades palestinas pidiendo a la sociedad civil internacional que adopte la campaña para el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel como la forma más pacífica y efectiva de obligar a Israel a cumplir la Legalidad Internacional vigente* . La campaña del BDS a Israel se inició en el año 2005 ante las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de Israel y la reiterada falta de voluntad de los estados y actores internacionales para hacer que este Estado cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Esta campaña, que se apoya en la exitosa experiencia del movimiento internacional de boicot al Apartheid de Sud-África y ha recibido el apoyo de destacados activistas como el premio nobel de la paz Desmond Tutu, de organizaciones judías como Jewish Voice for Peace y de un número creciente de académicos israelíes, ha demostrado ser una vía de creciente eficacia para que la sociedad civil internacional presione, mediante acciones no-violentas, a la comunidad internacional con el objetivo de hacer respetar los derechos de la población palestina. Dentro de la campaña BDS, el boicot académico nace como respuesta al apoyo institucional unánime de las universidades israelíes a las políticas de ocupación y apartheid contra la población palestina, que, entre otras cosas, se materializa en una estrecha cooperación con el ejército israelí y en políticas discriminatorias contra los estudiantes palestinos. Por todo ello pedimos que, mientras el Estado de Israel no cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, se apliquen las siguientes medidas: • La Comisión Europea y los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea deben establecer una suspensión temporal al actual acceso preferente que las universidades y centros de investigación israelíes tienen al Espacio Europeo de Investigación en virtud del Acuerdo de Asociación Euro-Mediterráneo UE-Israel. Esta suspensión no sería más que el cumplimiento de la propia normativa de la UE, que establece que dicho acceso está supeditado al respeto de los derechos humanos (artículo 2 del Acuerdo de Asociación) • Mientras la Comisión Europea no cumpla con su propia normativa, pedimos a los gobiernos autonómicos y central españoles, así como a todos los partidos políticos, que presionen a la CE para que así lo haga y que tomen las medidas a su alcance para implementar dicha moratoria. • En el ámbito universitario, la mejor medida de presión a nuestro alcance es la misma que viene siendo utilizada por universitarios de todo el mundo comprometidos con una solución justa para los pueblos de la región: el boicot académico. En consecuencia, pedimos la suspensión de las relaciones entre nuestras instituciones universitarias y las israelíes hasta que el Estado de Israel respete el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, al tiempo que nos declaramos solidarios con todas aquellas personas -universitarias o no- que en Israel luchan valientemente en defensa de los derechos humanos, sociales y políticos del pueblo palestino. * El llamamiento tiene el apoyo de más 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, así como de todas las universidades palestinas.


¡Firma y difunde!

martes, 1 de julio de 2014

Crisis y Universidad: de intelectuales a hacedores de ‘papers’

Crisis y Universidad: de intelectuales a hacedores de ‘papers’

Fernando García-Quero   miembro de Economistas Sin Fronteras




La Universidad está inmersa en un proceso que aniquila intelectuales y los convierte en un nuevo tipo de ser académico cuyo fin último es hacer papers. No se se fomenta un profesorado que intente enseñar más allá de los cánones establecidos o colabore con asociaciones u organizaciones sociales.
Aunque parezca mentira y difícilmente creíble, la evolución durante las últimas décadas de las políticas públicas en el ámbito universitario español ha generado unos incentivos perversos que están acabando con la reflexión y el pensamiento crítico en todos los niveles de la sociedad. En el sistema universitario español no se valora ni se fomenta en absoluto un profesorado que prepare clases, envíe trabajos a sus estudiantes y los corrija, intente enseñar más allá de los cánones establecidos, imparta charlas fuera del ámbito académico sobre cuestiones que considere importantes para formar ciudadanos con ideas propias, colabore con asociaciones u organizaciones sociales, escriba en medios divulgativos para transmitir lo que hace, o se preocupe por influir en sus entornos más cercanos.
Esas actividades, que para cualquiera que no conozca el funcionamiento de la Universidad pueden parecer las obligaciones diarias del profesorado universitario, no sólo no lo son, sino que la persona que las lleve a cabo está dificultando considerablemente sus posibilidades para consolidarse en las plantillas de las universidades españolas.
Quien realiza ese tipo de actividades porque las considera imprescindibles para su labor académica está restando tiempo para lo que más se valora en la Universidad española, publicar artículos científicos en revistas con alto impacto, los llamados papers en el lenguaje anglosajón[1]. Papers que en la mayoría de las ocasiones, al menos en ciencias sociales, que es el ámbito que mejor conozco, no sirven para mucho, no aportan gran cosa a la sociedad y no mejoran en absoluto la realidad más próxima a los investigadores e investigadoras que los realizan.
Papers que están haciendo cada vez más difícil encontrar en las universidades españolas profesorado con el que poder discutir de diversas cuestiones desde una perspectiva multidisciplinar y crítica, profesorado que asista a charlas por el gusto del saber, que lea más allá de lo indispensable para publicar o que se implique en actividades con el fin de que la sociedad mejore.
Las reglas de juego en la esfera universitaria española han cambiado peligrosamente las motivaciones y los comportamientos de su profesorado. La Universidad española, le pese a quien le pese, está inmersa en un proceso que aniquila intelectuales y los convierte en un nuevo tipo de ser académico cuyo fin último es hacer papers sin pausa, sin poso y sin reflexión. Aunque nuestras universidades se vanaglorien constantemente de estar cada vez mejor posicionadas en los rankings internacionales de excelencia, no engañan a nadie y mucho menos a los que conocemos la situación desde dentro. Quienes estamos inmersos en el sistema universitario español y quienes lo sufren en sus carnes, estudiantes en su mayoría, conocemos bien lo que se cuece dentro y lo mucho que dejan por desear grados, posgrados, maestrías y demás estudios ofertados en nuestras facultades.
En mi opinión nada de esto es baladí y tiene gran influencia en la realidad social, política y económica que nos está tocando vivir. Cuando se conoce el funcionamiento interno de la Universidad y los estímulos bajo los que se trabaja dentro de ella, se llega fácilmente a la conclusión de que al fin y al cabo no es tan de extrañar la crisis multidimensional en la que nos encontramos. Demasiado bien estamos, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta que en el lugar del conocimiento por excelencia, en el lugar donde deberían de gestarse las alternativas y formarse seres humanos que luchen por la igualdad y la justicia social, hay un sistema de incentivos para generar estudiantes mediocres, sin reflexión y manipulables, académicos y académicas sin discusión, catedráticos y catedráticas sin cátedra ni conversación e intelectuales sin intelecto.
Claro está, así es mucho más fácil hacer cambios que van en contra del interés general y favorecen los intereses de las minorías que ostentan el poder. Por suerte para todos y todas, aún hay muchas resistencias y un número considerable de profesorado y estudiantes, independientemente de que se les valore o no, siguen luchando y trabajando por crear una Universidad cuyo objetivo principal sea utilizar el conocimiento para una transformación social hacia la igualdad. A ellos y ellas, mi gratitud y admiración, porque cualquier cambio a mejor pasa por una Universidad comprometida, crítica y con capacidad de lucha.
Nota:
[1] El factor de impacto es un indicador bibliométrico dirigido a clasificar y evaluar la calidad de las revistas científicas. Cuanto mayor factor de impacto tiene una revista, mayor calidad y rigor se le suponen.

sábado, 28 de junio de 2014

Las miserias de la Universidad española contadas desde dentro.

Las miserias de la Universidad española contadas desde dentro

La conversación no tiene desperdicio. Y se produjo entre la actual consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y su  directora general de Universidades e Investigación, Clara Eugenia Núñez, quien años después ha reproducido en un libro lo que allí se dijo. Núñez había sido contratada directamente por Esperanza Aguirre con un encargo: “Regenerar las instituciones”.
La consejera y su subordinada hablaban de los IMDEA, un ambicioso programa científico que todavía hoy pretende atraer talento a la Comunidad de Madrid, carente de una masa crítica de investigadores. Fue en ese contexto cuando Figar dijo a la directora general: “Me dicen que tus investigadores (sic) no asisten a las reuniones ni a comités, se limitan a investigar”. Y prosiguió: “Ya sé que publican muchos papers, pero ¿quién les dice en qué tienen que investigar?, se preguntó.
La respuesta de Núñez fue inmediata y aplastante:
–Si hubiera que decírselo, no serían investigadores.
–Claro, claro –siguió argumentando la consejera–, pero además de investigar, ¿qué hacen?
Ni que decir tiene que, al poco tiempo, la directora general fue destituida de su cargo y las universidades madrileñas y sus centros de investigación son hoy pasto de todo tipo de políticas descabelladas. La consejera, sin embargo, como en el cuento de Monterroso, sigue allí.
No es desde luego el único caso. Ni siquiera el más sangrante. La España de las autonomías se ha llenado de campus universitarios bajo la atenta mirada del poder político, que, como dice Clara Eugenia Núñez, han inventado la biblioteca-espectáculo, poco espacio para el estudio y el depósito de libros y mucho para el divertimento. Algunos datos lo corroboran. En 1975, había en España 28 universidades, pero en 2007 ya eran 77 (de ellas, 50 públicas) con 132 campus universitarios. Es decir, una por provincia. Hoy existen tantos campus como institutos de enseñanza media había en España a comienzos del siglo XX.

Excelsa mediocridad
Tanto dispendio, sin embargo, no evita una realidad dolorosa: ninguna universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo, lo que da idea de tan excelsa mediocridad. Y lo que probablemente sea más preocupante: su irrelevancia social es absoluta.
Eso es, precisamente, lo que denuncia Clara Eugenia Núñez en Universidad y Ciencia en España, un libro que acaba de ver la luz y que refleja las miserias desde dentro (cinco años como directora general de Universidades) de una institución esencial en la formación de sociedades avanzadas, pero que en España se ha convertido (salvo en excepciones) en una inmensa agencia de colocación de profesores desmotivados y mal pagados, y en un inmenso aparcamiento de jóvenes condenados al paro o al subempleo.
Como sostiene Núñez, en España ni hemos aprendido de Francia, donde las universidades fueron un proyecto de Estado para defender la libertad frente a injerencias políticas o religiosas, ni de Alemania, donde el modelo diseñado por Humboldt puso el énfasis en la investigación como la clave de bóveda de una formación superior de carácter humanista. Ni, por supuesto, de las universidades norteamericanas, que combinan los centros de investigación con la larga tradición de los college británicos y su obsesión por cultivar élites del conocimiento.
Nada de eso ha sucedido en España, donde el clientelismo político y el caos organizativo se han apoderado de su funcionamiento. Algo en lo que tiene mucho que ver, como sostiene Núñez, su deficiente diseño institucional, calcado al de las comunidades autónomas, que son quienes meten mano en su funcionamiento al margen de cualquier racionalidad académica.
La autora del libro pone un ejemplo. Es evidente que cada año hay un desfase brutal entre la oferta de plazas universitarias y la demanda de titulaciones, lo que obliga a muchos alumnos que no alcanzan la nota a matricularse en otras disciplinas que no desean, con el consiguiente fracaso académico y económico. ¿Y por qué no se cambia el sistema?, se pregunta Núñez. Su respuesta no deja lugar dudas. A nadie importa la oferta educativa, “sino la permanencia en sus puestos de miles de profesores, muchos de ellos redundantes en la Universidad”.

Un 'lobby' para capturar rentas
Su conclusión es que la Universidad se ha convertido “en un lobby cuyo principal objetivo es obtener rentas públicas” bajo la amenaza permanente de presión política y movilización en la calle. El resultado sólo puede ser uno: España gasta en centros universitarios una cantidad “comparable” con otros países de la OCDE, pero los resultados académicos están muy por debajo de lo que cabría esperar en un país que destina tantos recursos a su sostenimiento. Sin duda, porque la Universidad tiene mucho más que ver con la política que con el conocimiento.
Dos casos lo acreditan. En la Universidad Carlos III, la plantilla de profesores contratados creció sospechosamente antes de unas elecciones a rector (impulsadas por el rector saliente Peces-Barba) para que su voto determinara los resultados de la votación a favor de su candidato; mientras que el exrector Berzosa, de la Universidad Complutense, lo que hizo fue subir los sueldos a los trabajadores para lograr la reelección (lo cual consiguió). Como dice Núñez, “su liberalidad, con los fondos públicos por supuesto, puso en apuros a todas las demás universidades públicas de Madrid, cuyos sindicatos empezaron a presionar a favor de un trato similar en aras de una supuesta equidad”.
Y es que el nepotismo, el compadreo, viene de lejos. La exdirectora general de Universidades de Madrid recuerda que la primera reforma –de 1983– permitió el ascenso a catedráticos de los entonces llamados profesores agregados. ¿El resultado? “Muchos diputados a Cortes y altos cargos en el Gobierno socialista se beneficiaron de esta medida”. El caso de Jon Juaristi, que también acabó siendo director general de Universidades con Lucía Figar, es igualmente significativo.

lunes, 28 de abril de 2014

PAN, EMPLEO, TECHO Y LIBERTAD


   PAN, EMPLEO, TECHO Y LIBERTAD 

            Hoy, 128 años después de la manifestación del 1º de Mayo en Chicago y de la Huelga posterior en la Unión Americana, reivindicando la jornada laboral de 8 horas y con ella la posibilidad de disponer de tiempo para el descanso y la familia, la clase trabajadora conmemora aquellos hechos y rinde homenaje a los dirigentes sindicales anarquistas que fueron condenados a morir en la horca en un proceso judicial fraudulento y ejecutados el 11 de noviembre de 1886: Parsons, Spies, Fischer y Engel, así como a Louis Lingg, quien supuestamente se habría suicidado en prisión, cuando realmente fue otra víctima de ese espantoso crimen de Estado.
            Las razones y principios de aquella lucha mantienen plena vigencia ante la brutal campaña de destrucción  y recortes de derechos laborales y sociales que con la excusa de la crisis capitalista, han puesto en marcha los gobiernos, la patronal y el gran capital financiero siguiendo los dictados de la troika  (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) y que amenaza a un amplio abanico de  derechos y libertades públicas como por ejemplo, la protesta laboral y ciudadana, el derecho al aborto o la capacidad  de los pueblos para decidir su futuro.
            Por ello,  en Canarias, los sindicatos firmantes denunciamos y rechazamos las consecuencias de las políticas de austeridad, ajustes y recortes: las sucesivas reformas laborales que han abaratado y facilitado el despido y la precariedad laboral, las reformas del sistema público de pensiones  que endurecen el acceso a las mismas y reduce sus cuantías, la reforma del artículo 135 de la Constitución decidida por el PSOE y el P.P. para que el pago de la llamada deuda soberana prime sobre los derechos de las personas, el ataque a los servicios públicos esenciales –y a sus trabajadores- como la Sanidad, La Educación y la Dependencia, etc. Políticas que aplicadas en Canarias por el Gobierno C.C.-PSOE,  han llevado a que la jornada laboral en Canarias supere las 8 horas diarias, constituyendo la más larga del Estado, que los salarios hayan bajado ostensiblemente experimentando un retroceso de diez años siendo  un 15% inferiores a la media del Estado, que  371.000 personas estén en situación de desempleo y de ellas, casi  la mitad no cobre ninguna prestación económica, que se incrementen la pobreza y la exclusión social, que la cobertura de la Ley de Dependencia sea la más baja del Estado, que  70 mil personas aguardan para recibir asistencia sanitaria o que encabecemos las cifras de fracaso escolar en relación a los países del continente europeo.
            Frente a esta crítica y preocupante situación laboral y social, lamentamos que a las Confederaciones de CCOO y UGT lo que les preocupe sea el llamado diálogo social con el Gobierno y la Patronal y den la espalda a la lucha contra las políticas de austeridad y los recortes sociales, como demuestra  su notable ausencia de las movilizaciones  del pasado 22 de marzo. La necesidad de agruparnos para resistir a la ofensiva de la patronal y de los gobiernos a su servicio tropieza con el silencio de las grandes centrales sindicales. No podemos pasar por alto el nuevo acto de deslealtad hacia los trabajadores canarios infringido recientemente por las direcciones de CC.OO y UGT, comprometiéndose con el gobierno C.C.-PSOE y la patronal a formalizar un nuevo pacto social a pesar de las agresiones que estos ejercen contra los trabajadores. Con estos graves hechos, ambas organizaciones han impedido cualquier posibilidad de unidad sindical en Canarias el 1º de Mayo.           
            En este 1º de Mayo las organizaciones firmantes nos unimos y movilizamos:
            1.- En defensa del empleo digno y estable frente al paro y la exclusión social. Salario Mínimo digno. Renta básica para las personas sin recursos. Persecución del fraude fiscal.
            2.- Por la derogación de las reformas laborales y de la reforma de las pensiones públicas.
            3.- Por el derecho a la vivienda. Frente a los desahucios: dación en pago, alquiler social. Solución habitacional siempre.
            4. Demandando recursos para una aplicación efectiva de la Ley de Dependencia.
            5.- En defensa de la Sanidad y la Educación Pública. No al copago y a las listas de espera. No a los conciertos sanitarios y educativos. Por la derogación de la LOMCE.
            6.- Contra la criminalización de la protesta social. Contra la reforma judicial de Ruiz Gallardón y contra la prohibición del derecho al aborto: por el derecho de las mujeres a decidir Contra la Ley de Seguridad Ciudadana y de Seguridad privada que recortan las libertades.
            7.- Por la auditoria de la llamada Deuda soberana y el impago de la deuda ilegítima.
            Hacemos un llamamiento a la lucha y la movilización a la clase trabajadora en Canarias y a todos los movimientos sociales que resisten y no se resignan. Llamamos por tanto a la rebelión democrática y ciudadana, para luchar contra los recortes y los abusos, por los derechos de los trabajadores, por las libertades democráticas plenas. En este Primero de Mayo en Canarias gritamos bien alto en la calle: PAN, EMPLEO, TECHO Y LIBERTAD. 
Cobas        EA-Canarias      FSOC      Intersindical Canaria       USO