NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD

En 1992 se crea el Ente Público Aena, encomendándole la gestión de todos los Aeropuertos del Estado español y manteniendo con los beneficios de los Aeropuertos rentables, otros aeropuertos de interés general. Se convierte en la mayor entidad de gestión aeroportuaria del mundo, todo ello sin que le costara ni un solo euro al contribuyente, pues se financia con los ingresos aeronáuticos y comerciales propios de su actividad y generando riqueza. A pesar de que en el pasado año AENA produjo beneficios tras un drástico proceso de reestructuración, ahora se pretende utilizar la deuda fruto de la mala gestión de sus directivos como excusa para la privatización.

Prácticamente desde su creación el Ente Público Aena ha sufrido la amenaza de la privatización y la constante presión de los grupos financieros plenamente interesados en participar del pastel ante los excelentes ingresos económicos que aumentaban año tras año, en paralelo al crecimiento del turismo.

En 2010 se separa Navegación Aérea (seguiría siendo Ente Público AENA) de Aeropuertos (que pasaría a AENA Aeropuertos S.A.). Abriéndose la puerta a la entrada en AENA Aeropuertos S.A. al capital privado, la privatización de algunas Torres de Control y la posibilidad de gestión individualizada de cada aeropuerto.

En 2012, con el PP ya en el Gobierno del Estado, se hace público el llamado “Plan de Eficiencia Aeroportuaria” incluyendo un ERE que afectaría a 1.500 trabajadores y trabajadoras. Tras la aplicación del Plan de Eficiencia, volvían a apuntar a la posibilidad de la privatización parcial de AENA Aeropuertos.

Finalmente, el 13 de junio de 2014 aprueban la venta del 49%, reservándose un 21% a inversores de referencia y el resto, el 28%, a pequeños inversores. Finalizando el plazo para salida a bolsa en la primera quincena de noviembre.

El Gobierno español perjudica gravemente al Pueblo Canario, a sus necesidades vitales de movilidad y renuncia a convertir los aeropuertos en motores del desarrollo económico, perjudicando la principal industria actual de Canarias -el turismo-, y sustituyendo el interés general por el interés de unos pocos. Resulta alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a los usuarios y a los ciudadanos/as, el impacto de esta operación en el coste, la calidad y la seguridad del servicio, así como en la actividad económica.

En Canarias, el empleo directo que generan los aeropuertos se aproxima a los 1.600 puestos de trabajo, a lo que habría que sumar todo el empleo indirecto que se genera alrededor de la actividad aeroportuaria.

Los aeropuertos son pieza clave para cubrir las necesidades vitales de movilidad de nuestro pueblo y motor económico de nuestro archipiélago. Nuestros aeropuertos no pueden permitirse ni más recortes ni más ataques al empleo. En el último año se ha destruido empleo en todos los sectores: handling, limpieza, puntos de información, seguridad, mantenimiento, cafeterías, AENA Aeropuertos, etc. El Ministerio de Fomento ha reconocido recientemente en el Congreso, la reducción de la plantilla en Canarias en un 15.6 % en los dos últimos años, sólo en AENA Aeropuertos.

Las verdaderas consecuencias de la privatización de AENA son:

·        Fuerte incremento del precio de los billetes en los próximos años, al igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la electricidad, el agua, etc.

·        Drástico empeoramiento de la calidad y seguridad del servicio público, como ejemplos: el deterioro progresivo de las infraestructuras aeroportuarias; las bajadas de nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios por falta de personal, los incumplimientos reiterados de los requisitos especificados en los Planes de Emergencia por falta de personal en servicios como el de operaciones y la eliminación del Servicio Médico y ambulancia en algunos aeropuertos.

·        Peligro de supresión de las rutas que no sean rentables económicamente para los inversores, aunque sí lo sean social y económicamente para el entorno y los ciudadanos a los que se debe garantizar la movilidad y conectividad.

·        Pérdida de empleo y precarización del trabajo en el sector.

·        Cierre de aeropuertos, necesarios especialmente en un territorio fragmentado en que los ciudadanos deben trasladarse de modo habitual para realizar trámites administrativos, acudir a consultas médicas, realizar estudios etc.

Es evidente que lo que se juega Canarias en este conflicto es una cuestión estratégica a medio y largo plazo. Mantener la gestión pública de los Aeropuertos Canarios es de vital importancia para las necesidades de nuestro Pueblo, su cohesión social, territorial y su desarrollo económico. Por ello, EXIGIMOS al Gobierno del Estado, la paralización del proceso de privatización y venta de los aeropuertos y RECLAMAMOS al Gobierno de Canarias que ponga todos los medios necesarios para mantener la titularidad y gestión pública de los aeropuertos de nuestro archipiélago.

Queremos hacer un llamamiento a la unidad del conjunto de la sociedad Canaria, asociaciones, colectivos ciudadanos, organizaciones políticas y sindicales, con el objetivo de mostrar nuestro rechazo más absoluto a esta privatización tan grave para los intereses de Canarias, privatización sobre la que nadie nos ha preguntado, y que constituye una nueva agresión a los ciudadanos del archipiélago, teniendo, como único objetivo, favorecer los interés económicos de unos pocos a costa de los de la sociedad en su conjunto.

¡NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS!

¡POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD!