El Pueblo
Saharaui vive una grave situación desde hace ya 38 años, cuando en 1.975 fue
expulsado de su territorio en el Sáhara Occidental por la ocupación de
Marruecos y Mauritania, con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en
noviembre de 1.975, impidiéndose con ello la celebración del previsto
Referéndum de Autodeterminación, bajo los auspicios de la ONU y en el marco de
su Resolución 1514, que reconoce este derecho a los pueblos colonizados. Desde ese
momento, el Pueblo Saharaui vive un verdadero drama humanitario, sometido a una
diáspora en la que gran una parte de su población en Campamentos de Refugiados,
otra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y el resto repartida por
el mundo.
El Pueblo
Saharaui tiene reconocido su derecho a la Autodeterminación y a ejercitarlo mediante
un Referéndum libre y democrático en múltiples y reiteradas Resoluciones de la
ONU, en diversos pronunciamientos de la Unión Europea y en el Dictamen del Tribunal
Internacional de Justicia de octubre de 1.975. A pesar de ello, Marruecos ocupa
ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental y bloquea sistemáticamente la
celebración del Referéndum, creando en la zona una situación de inestabilidad y
vulnerando los principios del Derecho Internacional.
El Estado
Español tiene una responsabilidad histórica, política, jurídica y moral al ser
la antigua potencia colonial y propiciar con la firma de los ilegales Acuerdos
Tripartitos de Madrid de 1.975 la ocupación del territorio, impidiéndose con
ello culminar el proceso de descolonización. A pesar de la ocupación, ni la ONU
ni ningún país del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio al
ser un proceso descolonizador inconcluso, reafirmándose que la única solución
que respete la legalidad internacional y que sea firme y duradera se debe
propiciar en el marco del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Existe una
enorme preocupación por la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental, expresada en las resoluciones de las Naciones Unidas, en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, al igual que en los informes del Relator de la
ONU contra la Tortura y la reciente visita del enviado personal del Secretario
General de la ONU, Sr. Christopher Ross, a los territorios ocupados.
Igualmente, prestigiosas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han
denunciado la situación, como Amnistía Internacional y la Fundación Robert
Kennedy de EE.UU. El propio representante de los EE.UU. en el Consejo de
Seguridad planteó una propuesta de ampliar el mandato de la MINURSO a los Derechos
Humanos. Esta situación crea un clima de represión y de intimidación en la
población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos
políticos, sociales y económicos, tal como señala el Parlamento Europeo con la
Resolución de fecha 22 de octubre de 2013, en que se aprueba el llamado
‘informe Tannock’.
Por otra
parte, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter
humanitario en los Campamentos de Refugiados de Tinduf están a punto de
provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, de
abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de otras
necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de
desesperación, agravándose todo ello con la disminución de la ayuda humanitaria
de los países donantes, como consecuencia de la crisis económica y los recortes
sociales y presupuestarios.
Así mismo,
se tienen serias dificultades para afrontar los costes de un proyecto tan
conocido como es “VACACIONES EN PAZ”
En base a lo
anteriormente expuesto el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna,
en su calidad de máximo órgano colegiado de gobierno de esta Institución, desea
hacer públicas las siguientes manifestaciones:
Primera.-
Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la
Autodeterminación y a ejercitarlo a través de un Referéndum libre, democrático
y en el que se planteen todas las opciones, tal como reconoce el Derecho
Internacional y, sobre todo, las reiteradas resoluciones de la ONU. El
conflicto tiene su origen en un proceso de descolonización que no ha concluido,
por lo que cualquier fórmula que no respete este principio se aleja de una
solución efectiva y realista.
Segunda.-
Mostrar la preocupación por la situación de los Derechos Humanos en los
Territorios Ocupados que afecta a la población civil saharaui del Sáhara
Occidental e instar el cese inmediato de la represión, la liberación de todos
los presos políticos saharauis defensores de los Derechos Humanos., el fin del
expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores
internacionales. En este sentido es esencial la ampliación del mandato de la
MINURSO para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y
que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de
los Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum.
Tercera.-
Hacer pública su intención de apoyar, en la medida de las disponibilidades
presupuestarias, los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las
graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados,
sobretodo en alimentación, salud, educación, vestidos, calzados y servicios
básicos. Hacer un llamamiento al Gobierno de España, al resto de instituciones
públicas y a la población para que, en el marco de sus posibilidades, mantengan
e incrementen la Cooperación humanitaria, y, en especial, el proyecto de
“Vacaciones en Paz” que posibilita la llegada y acogida temporal de miles de
niños y niñas.
Cuarta.-
Solicitar al Gobierno de España y al de Canarias que sigan manteniendo una
posición clara en defensa de la legalidad internacional y la implementación de
los acuerdos de la ONU para desbloquear la celebración del Referéndum que
impide el Gobierno de Marruecos
Igualmente
es necesario que el Gobierno de España estudie la posibilidad del
reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del
Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y facilite y otorgue a sus
representantes el mismo status diplomático del que goza la Misión Diplomática
Palestina en el Reino de España, con el objeto de facilitar sus iniciativas
políticas y humanitarias en nuestro país, orientadas a responder a las necesidades
del Pueblo Saharaui.
Quinta.-
Hacer un llamamiento a la opinión pública, organizaciones solidarias, sociales,
educativas, sindicales e instituciones públicas para apoyar estas justas
demandas de la población saharaui. Igualmente instar a la Comunidad
Internacional, en especial a la ONU y a la UE, para que en sus relaciones con
el Gobierno de Marruecos le insten a garantizar la legalidad internacional, las
resoluciones de la ONU, y en especial, la celebración del Referéndum de
Autodeterminación y el respeto de los Derechos Humanos de la población saharaui
en los Territorios Ocupados.
La Laguna, a
veintiocho de marzo de dos mil catorce.
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