Seis meses para devolver un dinero descontado ilegalmente.

Después de tres años, tres largos años, la Universidad de La Laguna dándonos la razón, se aviene a reconocer la prescripción del expediente sancionador a dos compañeros trabajadores de la biblioteca de la Facultad de Educación y obliga a uno de ellos a aceptar un plazo de seis meses (intentaron que fuera mayor) para devolverle el dinero de su salario que le descontaron ilegalmente.

Sabíamos y así lo manifestamos en su momento que la razón estaba de nuestra parte y se avienen a reconocerlo para evitar, una vez más, entrar en el verdadero problema que se puso de manifiesto durante los sucesos.

Nunca le importó  al Rector Doménech, ni a los miembros de su equipo, saber por qué  la Institución a la que representaban, vulneraba la obligación de preservar la salud de sus trabajadores. Nunca le interesó al Rector Doménech, ni a los miembros de su equipo, saber los métodos que utilizaba el Inspector de la ULL, ni investigar las irregularidades que cometía en la instrucción de los expedientes vulnerando los derechos de los trabajadores. Nunca le importó al Rector Doménech, ni a los miembros de su equipo, atender a las alegaciones presentadas por los trabajadores  en relación al expediente que los sancionaba. Esto queda sobradamente probado con la comprobación de que nunca ninguno de los distintos responsables a los que se dirigieron los trabajadores reclamando su intervención, les dio respuesta alguna.

Por ello concluimos que, como se puede comprobar en el expediente informativo, la Universidad de La Laguna  incumplió de forma imprudente las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Que los distintos responsables bibliotecarios actuaron de manera negligente al acometer las obras e insolidaria ante la reclamación de los trabajadores afectados. Que los responsables de la Prevención de Riesgos actuaron de manera negligente antes y después de los hechos denunciados. Que el Servicio de Inspección cometió distintas irregularidades durante el expediente y en sus conclusiones, actuando de manera negligente y chapucera.  

Tres largos años para reconocer la Institución universitaria, no así el Rector Doménech ni su equipo, que teníamos razón y que no podían hacer lo que hicieron y encima, ahora, le solicitan al trabajador que espere hasta seis meses para recuperar su dinero.

Queremos aprovechar la ocasión para recordarles a los dirigentes de esta Institución que los salarios y los gastos de asesoría jurídica de nuestro sindicato, se cubren exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados, por el contrario, los gastos de las asesorías que trabajan para la ULL no salen de sus bolsillos, salen de los impuestos que todos pagamos y estos recursos tienen que ser utilizados con la responsabilidad de quien ostenta la representación de toda la comunidad universitaria.