jueves, 17 de julio de 2014

Acabemos con la complicidad

Las universidades y el apartheid israelí: acabemos con la complicidad
Como miembros de la comunidad universitaria, nos sumamos a la llamada hecha desde el conjunto de la sociedad y de las universidades palestinas pidiendo a la sociedad civil internacional que adopte la campaña para el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel como la forma más pacífica y efectiva de obligar a Israel a cumplir la Legalidad Internacional vigente* . La campaña del BDS a Israel se inició en el año 2005 ante las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de Israel y la reiterada falta de voluntad de los estados y actores internacionales para hacer que este Estado cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Esta campaña, que se apoya en la exitosa experiencia del movimiento internacional de boicot al Apartheid de Sud-África y ha recibido el apoyo de destacados activistas como el premio nobel de la paz Desmond Tutu, de organizaciones judías como Jewish Voice for Peace y de un número creciente de académicos israelíes, ha demostrado ser una vía de creciente eficacia para que la sociedad civil internacional presione, mediante acciones no-violentas, a la comunidad internacional con el objetivo de hacer respetar los derechos de la población palestina. Dentro de la campaña BDS, el boicot académico nace como respuesta al apoyo institucional unánime de las universidades israelíes a las políticas de ocupación y apartheid contra la población palestina, que, entre otras cosas, se materializa en una estrecha cooperación con el ejército israelí y en políticas discriminatorias contra los estudiantes palestinos. Por todo ello pedimos que, mientras el Estado de Israel no cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, se apliquen las siguientes medidas: • La Comisión Europea y los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea deben establecer una suspensión temporal al actual acceso preferente que las universidades y centros de investigación israelíes tienen al Espacio Europeo de Investigación en virtud del Acuerdo de Asociación Euro-Mediterráneo UE-Israel. Esta suspensión no sería más que el cumplimiento de la propia normativa de la UE, que establece que dicho acceso está supeditado al respeto de los derechos humanos (artículo 2 del Acuerdo de Asociación) • Mientras la Comisión Europea no cumpla con su propia normativa, pedimos a los gobiernos autonómicos y central españoles, así como a todos los partidos políticos, que presionen a la CE para que así lo haga y que tomen las medidas a su alcance para implementar dicha moratoria. • En el ámbito universitario, la mejor medida de presión a nuestro alcance es la misma que viene siendo utilizada por universitarios de todo el mundo comprometidos con una solución justa para los pueblos de la región: el boicot académico. En consecuencia, pedimos la suspensión de las relaciones entre nuestras instituciones universitarias y las israelíes hasta que el Estado de Israel respete el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, al tiempo que nos declaramos solidarios con todas aquellas personas -universitarias o no- que en Israel luchan valientemente en defensa de los derechos humanos, sociales y políticos del pueblo palestino. * El llamamiento tiene el apoyo de más 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, así como de todas las universidades palestinas.


¡Firma y difunde!

martes, 1 de julio de 2014

Crisis y Universidad: de intelectuales a hacedores de ‘papers’

Crisis y Universidad: de intelectuales a hacedores de ‘papers’

Fernando García-Quero   miembro de Economistas Sin Fronteras




La Universidad está inmersa en un proceso que aniquila intelectuales y los convierte en un nuevo tipo de ser académico cuyo fin último es hacer papers. No se se fomenta un profesorado que intente enseñar más allá de los cánones establecidos o colabore con asociaciones u organizaciones sociales.
Aunque parezca mentira y difícilmente creíble, la evolución durante las últimas décadas de las políticas públicas en el ámbito universitario español ha generado unos incentivos perversos que están acabando con la reflexión y el pensamiento crítico en todos los niveles de la sociedad. En el sistema universitario español no se valora ni se fomenta en absoluto un profesorado que prepare clases, envíe trabajos a sus estudiantes y los corrija, intente enseñar más allá de los cánones establecidos, imparta charlas fuera del ámbito académico sobre cuestiones que considere importantes para formar ciudadanos con ideas propias, colabore con asociaciones u organizaciones sociales, escriba en medios divulgativos para transmitir lo que hace, o se preocupe por influir en sus entornos más cercanos.
Esas actividades, que para cualquiera que no conozca el funcionamiento de la Universidad pueden parecer las obligaciones diarias del profesorado universitario, no sólo no lo son, sino que la persona que las lleve a cabo está dificultando considerablemente sus posibilidades para consolidarse en las plantillas de las universidades españolas.
Quien realiza ese tipo de actividades porque las considera imprescindibles para su labor académica está restando tiempo para lo que más se valora en la Universidad española, publicar artículos científicos en revistas con alto impacto, los llamados papers en el lenguaje anglosajón[1]. Papers que en la mayoría de las ocasiones, al menos en ciencias sociales, que es el ámbito que mejor conozco, no sirven para mucho, no aportan gran cosa a la sociedad y no mejoran en absoluto la realidad más próxima a los investigadores e investigadoras que los realizan.
Papers que están haciendo cada vez más difícil encontrar en las universidades españolas profesorado con el que poder discutir de diversas cuestiones desde una perspectiva multidisciplinar y crítica, profesorado que asista a charlas por el gusto del saber, que lea más allá de lo indispensable para publicar o que se implique en actividades con el fin de que la sociedad mejore.
Las reglas de juego en la esfera universitaria española han cambiado peligrosamente las motivaciones y los comportamientos de su profesorado. La Universidad española, le pese a quien le pese, está inmersa en un proceso que aniquila intelectuales y los convierte en un nuevo tipo de ser académico cuyo fin último es hacer papers sin pausa, sin poso y sin reflexión. Aunque nuestras universidades se vanaglorien constantemente de estar cada vez mejor posicionadas en los rankings internacionales de excelencia, no engañan a nadie y mucho menos a los que conocemos la situación desde dentro. Quienes estamos inmersos en el sistema universitario español y quienes lo sufren en sus carnes, estudiantes en su mayoría, conocemos bien lo que se cuece dentro y lo mucho que dejan por desear grados, posgrados, maestrías y demás estudios ofertados en nuestras facultades.
En mi opinión nada de esto es baladí y tiene gran influencia en la realidad social, política y económica que nos está tocando vivir. Cuando se conoce el funcionamiento interno de la Universidad y los estímulos bajo los que se trabaja dentro de ella, se llega fácilmente a la conclusión de que al fin y al cabo no es tan de extrañar la crisis multidimensional en la que nos encontramos. Demasiado bien estamos, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta que en el lugar del conocimiento por excelencia, en el lugar donde deberían de gestarse las alternativas y formarse seres humanos que luchen por la igualdad y la justicia social, hay un sistema de incentivos para generar estudiantes mediocres, sin reflexión y manipulables, académicos y académicas sin discusión, catedráticos y catedráticas sin cátedra ni conversación e intelectuales sin intelecto.
Claro está, así es mucho más fácil hacer cambios que van en contra del interés general y favorecen los intereses de las minorías que ostentan el poder. Por suerte para todos y todas, aún hay muchas resistencias y un número considerable de profesorado y estudiantes, independientemente de que se les valore o no, siguen luchando y trabajando por crear una Universidad cuyo objetivo principal sea utilizar el conocimiento para una transformación social hacia la igualdad. A ellos y ellas, mi gratitud y admiración, porque cualquier cambio a mejor pasa por una Universidad comprometida, crítica y con capacidad de lucha.
Nota:
[1] El factor de impacto es un indicador bibliométrico dirigido a clasificar y evaluar la calidad de las revistas científicas. Cuanto mayor factor de impacto tiene una revista, mayor calidad y rigor se le suponen.

sábado, 28 de junio de 2014

Las miserias de la Universidad española contadas desde dentro.

Las miserias de la Universidad española contadas desde dentro

La conversación no tiene desperdicio. Y se produjo entre la actual consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y su  directora general de Universidades e Investigación, Clara Eugenia Núñez, quien años después ha reproducido en un libro lo que allí se dijo. Núñez había sido contratada directamente por Esperanza Aguirre con un encargo: “Regenerar las instituciones”.
La consejera y su subordinada hablaban de los IMDEA, un ambicioso programa científico que todavía hoy pretende atraer talento a la Comunidad de Madrid, carente de una masa crítica de investigadores. Fue en ese contexto cuando Figar dijo a la directora general: “Me dicen que tus investigadores (sic) no asisten a las reuniones ni a comités, se limitan a investigar”. Y prosiguió: “Ya sé que publican muchos papers, pero ¿quién les dice en qué tienen que investigar?, se preguntó.
La respuesta de Núñez fue inmediata y aplastante:
–Si hubiera que decírselo, no serían investigadores.
–Claro, claro –siguió argumentando la consejera–, pero además de investigar, ¿qué hacen?
Ni que decir tiene que, al poco tiempo, la directora general fue destituida de su cargo y las universidades madrileñas y sus centros de investigación son hoy pasto de todo tipo de políticas descabelladas. La consejera, sin embargo, como en el cuento de Monterroso, sigue allí.
No es desde luego el único caso. Ni siquiera el más sangrante. La España de las autonomías se ha llenado de campus universitarios bajo la atenta mirada del poder político, que, como dice Clara Eugenia Núñez, han inventado la biblioteca-espectáculo, poco espacio para el estudio y el depósito de libros y mucho para el divertimento. Algunos datos lo corroboran. En 1975, había en España 28 universidades, pero en 2007 ya eran 77 (de ellas, 50 públicas) con 132 campus universitarios. Es decir, una por provincia. Hoy existen tantos campus como institutos de enseñanza media había en España a comienzos del siglo XX.

Excelsa mediocridad
Tanto dispendio, sin embargo, no evita una realidad dolorosa: ninguna universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo, lo que da idea de tan excelsa mediocridad. Y lo que probablemente sea más preocupante: su irrelevancia social es absoluta.
Eso es, precisamente, lo que denuncia Clara Eugenia Núñez en Universidad y Ciencia en España, un libro que acaba de ver la luz y que refleja las miserias desde dentro (cinco años como directora general de Universidades) de una institución esencial en la formación de sociedades avanzadas, pero que en España se ha convertido (salvo en excepciones) en una inmensa agencia de colocación de profesores desmotivados y mal pagados, y en un inmenso aparcamiento de jóvenes condenados al paro o al subempleo.
Como sostiene Núñez, en España ni hemos aprendido de Francia, donde las universidades fueron un proyecto de Estado para defender la libertad frente a injerencias políticas o religiosas, ni de Alemania, donde el modelo diseñado por Humboldt puso el énfasis en la investigación como la clave de bóveda de una formación superior de carácter humanista. Ni, por supuesto, de las universidades norteamericanas, que combinan los centros de investigación con la larga tradición de los college británicos y su obsesión por cultivar élites del conocimiento.
Nada de eso ha sucedido en España, donde el clientelismo político y el caos organizativo se han apoderado de su funcionamiento. Algo en lo que tiene mucho que ver, como sostiene Núñez, su deficiente diseño institucional, calcado al de las comunidades autónomas, que son quienes meten mano en su funcionamiento al margen de cualquier racionalidad académica.
La autora del libro pone un ejemplo. Es evidente que cada año hay un desfase brutal entre la oferta de plazas universitarias y la demanda de titulaciones, lo que obliga a muchos alumnos que no alcanzan la nota a matricularse en otras disciplinas que no desean, con el consiguiente fracaso académico y económico. ¿Y por qué no se cambia el sistema?, se pregunta Núñez. Su respuesta no deja lugar dudas. A nadie importa la oferta educativa, “sino la permanencia en sus puestos de miles de profesores, muchos de ellos redundantes en la Universidad”.

Un 'lobby' para capturar rentas
Su conclusión es que la Universidad se ha convertido “en un lobby cuyo principal objetivo es obtener rentas públicas” bajo la amenaza permanente de presión política y movilización en la calle. El resultado sólo puede ser uno: España gasta en centros universitarios una cantidad “comparable” con otros países de la OCDE, pero los resultados académicos están muy por debajo de lo que cabría esperar en un país que destina tantos recursos a su sostenimiento. Sin duda, porque la Universidad tiene mucho más que ver con la política que con el conocimiento.
Dos casos lo acreditan. En la Universidad Carlos III, la plantilla de profesores contratados creció sospechosamente antes de unas elecciones a rector (impulsadas por el rector saliente Peces-Barba) para que su voto determinara los resultados de la votación a favor de su candidato; mientras que el exrector Berzosa, de la Universidad Complutense, lo que hizo fue subir los sueldos a los trabajadores para lograr la reelección (lo cual consiguió). Como dice Núñez, “su liberalidad, con los fondos públicos por supuesto, puso en apuros a todas las demás universidades públicas de Madrid, cuyos sindicatos empezaron a presionar a favor de un trato similar en aras de una supuesta equidad”.
Y es que el nepotismo, el compadreo, viene de lejos. La exdirectora general de Universidades de Madrid recuerda que la primera reforma –de 1983– permitió el ascenso a catedráticos de los entonces llamados profesores agregados. ¿El resultado? “Muchos diputados a Cortes y altos cargos en el Gobierno socialista se beneficiaron de esta medida”. El caso de Jon Juaristi, que también acabó siendo director general de Universidades con Lucía Figar, es igualmente significativo.