HUELGA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA
24 DE OCTUBRE DE 2013
M A N I F I
E S T O C O N J U N T O
Toda la comunidad educativa canaria (padres
y madres, estudiantado, profesorado universitario y no universitario y personal
laboral) y las organizaciones sindicales, políticas y sociales
adheridas a este Manifiesto muestran con la Huelga General de
la Educación del 24 de octubre, su total rechazo a la degradación
sistemática que está sufriendo la Educación Pública, así como a su total
desmantelamiento a través de la aprobación de la LOMCE y de los recortes
económicos promovidos por el Gobierno del Estado y por el Gobierno de Canarias.
Las políticas capitalistas aplicadas con la excusa de la
crisis económica, en pro de la búsqueda de una supuesta austeridad, están
transformando una Educación que ya de por si tiene muchas carencias, en
una carrera de obstáculos que muchos estudiantes no podrán salvar, en la que
serán tratados como mera mercancía, y en las que el profesorado cada vez más
expoliado de sus derechos, no será tomado en consideración a la hora de
planificar la política educativa.
Las agresiones a la educación del Gobierno de Rajoy forman
parte del plan de ajuste impuesto para sacar tajada de los servicios públicos
que sufren una tendencia hacia la privatización y de la merma de derechos de
los trabajadores, siguiendo los dictados de las políticas auspiciadas por
Merkel y sus socios de la Unión Europea, que son aplaudidas por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no pretenden más que la
mercantilización de derechos fundamentales, como lo son la Sanidad o la
Educación.
Las consecuencias de las políticas devastadoras que implican
la LOMCE y los recortes educativos serán especialmente graves en nuestro
Archipiélago por los altos índices de pobreza y paro, el abandono temprano y el
fracaso escolar, o lo altos precios de la cesta de la compra, unido a las
dificultades para acceder a una vivienda, entre otras cuestiones.
En Canarias el Gobierno de Paulino Rivero y José Miguel
Pérez viene aplicando esa misma receta amarga para los de abajo y dulce para
los intereses económicos privados. Mientras critican los recortes económicos,
aumentan las ratios, la generalización de contratos por horas o la
generalización de centros a compartir, la reducción de plantillas y de oferta
educativa en la enseñanzas pos obligatorias, aplican la reducción de
departamentos didácticos, sacando adelante sus medidas a golpe de decreto.
Por su parte, la universidades públicas canarias, con la
complicidad de sus rectores, José Regidor y Eduardo Domenech, imponen este
curso sus “normas de permanencia y progreso”, con las cuales se degrada aún más
la enseñanza universitaria, y el estudiantado tendrá aún más dificultades para
poder realizar sus estudios, pues impiden que se le puedan organizar los mismos
en función de sus necesidades, obligándoles a matricularse de un número mínimo
de créditos, y de las asignaturas pendientes, lo que con las abusivas tasas
universitarias, se hace imposible en muchos casos, por lo que un elevado
número de estudiantes no podrán terminarlos. Esta normativa de “permanencia y
progreso” no es más que un ejemplo del modelo mercantilizado de Universidad que
supone el Plan Bolonia. Además, se impone la privatización de los
servicios universitarios en una doble vertiente, por un lado, la implantación
de universidades privadas en las Islas, y, por el otro, la privatización
encubierta de las universidades públicas por medio de la gestión de servicios
universitarios que hacen las fundaciones empresa radicadas, a la manera de
administraciones B, en los centros públicos de educación superior.
La comunidad educativa muestra así su total rechazo a la
degradación sistemática que está sufriendo la educación a causa de unas
políticas de austeridad injustas que tienen como objetivo el desmantelamiento
de los servicios públicos, aquellos que deben garantizar unas condiciones de
vida dignas para toda la ciudadanía, en condiciones de igualdad y de equidad
social.
Todas esas medidas en materia educativa emprendidas por el
actual Gobierno estatal lesionan gravemente el derecho a la educación y sirven
al objetivo básico de sentar las bases de un modelo social y productivo basado
en la desigualdad.
NO A LA LOMCE
Esta es una contrarreforma fundamentalmente
ideológica, basada en una determinada concepción de la sociedad. Es una
contrarreforma impuesta, sin diagnóstico ni debate ni consenso cuyo modelo:
· Consolida
los recortes educativos, la degradación de las condiciones laborales del
personal docente universitario y no universitario y del personal laboral y abre
la puerta a una dura reconversión en el sector.
· Se ha
diseñado a espaldas de la comunidad educativa. No ha permitido analizar ni
debatir los posibles problemas de nuestro sistema educativo.
· Es
una ley privatizadora que convierte a la educación en un bien individual.
Mediante un cambio radical de objetivos, la educación deja de estar considerada
como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una red escolar
de centros públicos de calidad, para someterla a las leyes del mercado.
· Es
una ley segregadora: por sexo, por lengua, por nivel adquisitivo (zona única de
escolarización, rankings de centros), por nivel académico (reválidas,
itinerarios sin salida, “altas capacidades”), por religión o por la
especialización de centros.
· Establece
itinerarios excluyentes, que seleccionan y clasifican al alumnado, incluso
antes de finalizar la educación obligatoria.
· Elimina
el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, dejando a
los consejos escolares como meros órganos consultivos, coartando la toma de
decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la
comunidad escolar.
· Concede
un poder casi absoluto a los directores para aprobar el proyecto de centro y
decidir en la selección de los profesores.
· Las
pruebas externas en primaria y de reválidas al final de la ESO y del
bachillerato, suponen desprecio a la labor docente y elimina la evaluación
continua. Implanta una competencia desigual entre centros y zonas geográficas
con diferente renta y nivel social, abriendo la puerta al “ranking de centros”.
Concibe la evaluación como una carrera de obstáculos.
· Pervierte
la autonomía de los centros, dando prioridad a los de especialización
curricular, que profundizan en la selección del alumnado, en la desregulación y
en la quiebra de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no establece
medidas que favorezcan la equidad.
· Excluye
otras funciones educativas propias de una sociedad democrática, eliminando la
educación en valores. Retrocede en la igualdad de género y en la educación
mixta. Además introduce como elemento mercantilista el “emprendimiento
empresarial”. Obliga al alumnado a cursar religión o su alternativa, cuando las
religiones deberían estar fuera del currículum y del horario escolar.
· Reduce
la optatividad y en consecuencia las materias de modalidad en el Bachillerato,
lo que llevará a un recorte importante de profesorado, en torno a 5.000 a nivel
de estado.
· Genera
inestabilidad de las plantillas de los centros incidiendo negativamente en la
calidad educativa. Provocará movilidad forzosa y despidos. El profesorado
interino, junto con el personal laboral, será el primero en ser despedido.
· Elude
las recomendaciones de distintos organismos internacionales de priorizar las
inversiones en educación. No considera factores de calidad del sistema los
recursos humanos y materiales, la ratio, la formación continua y los servicios
educativos complementarios.
· Establece
una formación profesional básica que llevará necesariamente a una segregación
temprana del alumnado para trasladarle al mundo laboral con una mínima
formación (mano de obra barata) y excluyéndole de la formación reglada y de las
vías de integración, que afectará principalmente al alumnado con mayores
dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con
grave incidencia en las condiciones laborales de los trabajadores.
· Parte
de una concepción centralista con desprecio hacia las lenguas cooficiales y la
obligatoriedad de sufragar con dinero público la impartición de las clases de
castellano.
NO A LOS RECORTES EDUCATIVOS
Los recortes educativos responden a una estrategia
calculada para debilitar y degradar la calidad del sistema educativo y
avanzar en su privatización. Además, no suponen ninguna solución a los
problemas reales de la educación pública. Los ejes de esta política de
degradación son:
· Drástica
reducción de las plantillas: en contradicción con el incremento
sostenido del alumnado y de las múltiples opiniones cualificadas que
recomiendan el desarrollo de planes para reducir el fracaso escolar y el abandono
temprano, los cuales requieren un mayor número de docentes y de otros
profesionales del sector educativo (auxiliares, cuidadores…).
· La
reducción de medidas y servicios de apoyo fundamentales: recursos
destinados a becas en todos los niveles, servicios complementarios (comedores,
transporte, libros y material escolar), aulas de apoyo, medidas de atención a
la diversidad… Como consecuencia, muchos alumnos dejarán de recibir las ayudas
educativas y económicas que necesitan para acceder a la educación en igualdad
de condiciones, premisa indispensable para posibilitar la cohesión social.
· La
eliminación de las subvenciones y/o ayudas a las AMPAS y Asociaciones
Estudiantiles, por ejemplo, para mantener actividades extraescolares de
calidad a precios asequibles o garantizar la participación de estas en los
diferentes foros educativos.
· El
encarecimiento y la limitación en el acceso a las enseñanzas fundamentales
para la sociedad, que deben ser suficientes y gratuitas. Brutal reducción
del presupuesto destinado a la educación pública, salvaje política
privatizadora, desorbitado incremento de las tasas universitarias, reducción
del número y cuantía de las becas, deja de ser gratuito el acceso a la
educación infantil, la formación profesional y a otras enseñanzas de régimen
especial (idiomas, artísticas y musicales), recorte del mapa de titulaciones
universitarias y de FP en un contexto de paro juvenil que supera el 50%.
Contradictoriamente, se despilfarra en cuestiones innecesarias, como el uso
abusivo de las horas extraordinarias, mientras envían a miles de profesionales
al paro.
· La
reducción y paralización, drástica, tanto de la construcción de nuevas
infraestructuras en todos los niveles como de la remodelación de
las antiguas (centros para I+D, nuevos centros educativos…) La
reducción drástica del presupuesto de los centros para atender a las
necesidades ordinarias de funcionamiento y mantenimiento.
· El
empeoramiento generalizado de las condiciones en que se debe trabajar en los
centros. El incremento de la jornada de trabajo y de las tareas
burocráticas de todos los/as profesionales de la educación, la no cobertura de
las ausencias inferiores a 15 días y unas ratios excesivas (número de
alumnos/as por aula) tanto en las clases como impiden el adecuado tratamiento
de la diversidad, así como en los comedores escolares), reduciendo las
posibilidades de éxito escolar; lo que ha supuesto la pérdida de miles de puestos
de trabajo en Canarias. Debemos resaltar como este empeoramiento dificulta
enormemente el desarrollo de la faceta investigadora de las universidades
públicas canarias.
· La
vulneración sistemática de los acuerdos laborales por unas condiciones de
trabajo dignas para los trabajadores/as de la enseñanza, docentes y personal
laboral. Esta administración se ha caracterizado por un menosprecio
absoluto a la negociación colectiva y un incumplimiento sistemático de las
condiciones de trabajo pactadas. Los y las docentes han sufrido recortes
salariales que han rebajado su poder adquisitivo en más del 25%, han perdido la
gran mayoría de los beneficios sociales que tenían, deben hacer mucho más
trabajo con muchos menos recursos, con un incremento sostenido de la carga de
trabajo que atenta contra la calidad de la educación y sobre su estado de
salud, amenazada también por los recortes de las prestaciones por situaciones
de incapacidad laboral temporal.
· El
recorte unilateral de derechos sociales, cuya última expresión es la
reforma unilateral y vía Real Decreto-Ley de la jubilación anticipada y
parcialque supone un endurecimiento injusto para el acceso a la jubilación.
Defendemos el sistema público de las pensiones
Todos estos recortes tienen como finalidad reducir en más de
un tercio el dinero destinado a la educación en todo el estado desde que
gobierna el Sr. Mariano Rajoy. Al tiempo que se sientan las bases para una
inminente privatización de la educación, convirtiéndola en un negocio rentable
por no tener que afrontar la atención al alumnado más desfavorecido. Una vez
más, se pone una necesidad social básica al servicio de los intereses
económicos de una minoría.
Por todo ello llamamos a la participación de todos los
sectores del ámbito educativo canario a secundar la jornada de huelga
general de educación del jueves 24 de octubre que culminará con concentraciones
y/o manifestaciones en todas las islas a partir de las 19.00 h., así como a
seguir en la brega, continuando la participación en futuras movilizaciones en
defensa de la Educación Pública.
No nos conformemos, el presente y el futuro de nuestra
sociedad depende de ello, di NO a la LOMCE, di NO a los recortes educativos con
tu participación y presencia en las diferentes movilizaciones.
¡Ni recortes ni LOMCE!
JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013
HUELGA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Manifestaciones El 24, día de la huelga, a las
19:00 horas
TENERIFE: Plaza Weyler, Santa Cruz de Tenerife.
GRAN CANARIA: Plaza del Obelisco, Las Palmas.
LA PALMA: Plaza de España, Santa Cruz de la Palma
LANZAROTE: Calle Real (Cabildo Viejo), Arrecife.
FUERTEVENTURA: Plaza de la Iglesia, Puerto. del Rosario.
LA GOMERA: Pl. de las Américas. S. Sebastián.
EL HIERRO: Concentración frente Delegación de Gobierno,
Valverde
- CONVOCAN TODOS LOS SINDICATOS DE ENSEÑANZA,
FEDERACIONES DE AMPAS Y ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
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