Los Sindicatos, Partidos Políticos y Colectivos Sociales
firmantes del manifiesto, convocan a toda la ciudadanía a la MANIFESTACIÓN UNITARIA el domingo, 8 de
octubre, a las 11,00 horas, en la Plaza Weyler.
MANIFIESTO EN DEFENSA
DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
Las pensiones de jubilación son un derecho básico de las
trabajadoras y trabajadores reconocido en la Constitución, cuyo artículo 50
dice que “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad.”
Pero en la práctica este mandato constitucional –como tantos
otros– no tiene efectividad alguna, pues las instituciones del Estado que
deberían representar los intereses de la mayoría social y, por tanto,
garantizar ese derecho, no lo hacen. Al contrario, con el pretexto de la crisis
económica los últimos gobiernos del PSOE y, en mayor medida, del PP han puesto
en práctica una serie de políticas con el objetivo, indisimulado y exitoso, de
cargar las consecuencias de esa crisis solamente sobre las clases subalternas
de la sociedad (trabajadores de todo tipo y condición, pequeños y medianos
empresarios, funcionarios y pensionistas), en beneficio exclusivo de la banca y
las grandes empresas, los verdaderos responsables del crack económico.
Desde el inicio de la crisis se han perdido en España 30.000
millones en salarios, mientras que los beneficios de los grandes empresarios y
financieros han aumentado 14.000 millones. Hoy las rentas del capital en el Estado
Español crecen el doble que los salarios. Los ricos se están haciendo
inmensamente ricos, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.
Los recortes sociales llevados a cabo por el PP y por el
PSOE, especialmente las reformas laborales, han abocado a millones de
trabajadores activos al paro, la precariedad y la miseria. La misma miseria que
está afectando también hoy a una gran mayoría de pensionistas.
ATAQUE SIN
PRECEDENTES.- Porque el sistema público de pensiones está sufriendo, debido
a estas políticas, un ataque sin precedentes, que perjudica gravemente tanto a
las trabajadoras y trabajadores actualmente jubilados como, en mucha mayor
medida, a las que se jubilarán en el futuro.
Las pensiones contributivas de la Seguridad Social –las más
numerosas– se financian con las cotizaciones aportadas por los empresarios y
los trabajadores. Antes de la llegada del PP al Gobierno en diciembre de 2011,
estas cotizaciones generaron en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social un
superávit de muchos miles de millones de euros. Concretamente, en noviembre de
2011 –el último mes del segundo gobierno de Zapatero–, con cuatro años de
crisis y un paro que llegaba a los cuatro millones y medio de personas, la
llamada ‘hucha’ de las pensiones, creada para garantizar el pago de las
prestaciones en épocas en que lo ingresos fueran inferiores a los gastos,
alcanzó su cima de 66.815 millones de euros.
Esa ‘hucha’ seguiría nutriéndose ahora, si el empleo
precario y mal pagado, las bonificaciones empresariales de cuotas a la
Seguridad Social y otras medidas antisociales no la estuvieran agotando
definitivamente.
CRISIS INDUCIDA.-
Porque son las políticas económicas de las últimas legislaturas –orientadas a
beneficiar los intereses de los capitalistas para explotar cada vez más a los
trabajadores y trabajadoras–, las que
han incidido gravemente en la llamada “crisis de las pensiones”, una crisis
inducida para favorecer a los Fondos Privados de Pensiones, ansiosos de
apoderarse de un “negocio” que mueve más de 120 mil millones de euros al año.
El sistema de pensiones públicas es uno de los escasos
instrumentos de redistribución de la riqueza que, basado en la solidaridad
interterritorial e intergeneracional, debería ser cuidado y preservado con
especial atención por los poderes públicos. Las pensiones, además de constituir
un factor –todavía muy insuficiente– de cohesión social, son el medio de vida y
sustento de uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables y juegan un papel
cada vez más importante en el ámbito económico, como garantía de demanda de
bienes y servicios que, a su vez, son motor de creación de empleo.
REFORMAS NEFASTAS.-
Son tres las últimas reformas que más han incidido en la citada crisis de las
pensiones:
La Ley 27/2011 del último Gobierno de Zapatero sobre
Actualización, Adecuación y
Modernización de la Seguridad Social, que aumentó la edad de jubilación de 65 a
67 años, así como el número de años computables para el cálculo de la pensión,
que de 15 pasó a 25, y fijó en 37 años el tiempo necesario para tener derecho
al 100% de la prestación, lo que supone un listón inalcanzable para millones de
personas y uno de los mayores recortes de gasto en Europa.
La Ley 23/2013 del primer Gobierno de Rajoy, reguladora del
Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que desvinculó
del IPC el aumento anual de las prestaciones y estableció para su
revalorización un mínimo del 0,25% y un máximo del 0,50% más el IPC, lo que ha
supuesto, en la práctica, la progresiva disminución del poder adquisitivo de
las y los pensionistas.
Esta ley contempla también que a partir del 1 de enero de
2019 el importe de las pensiones
de jubilación estará vinculado a la evolución de la esperanza de vida de los
pensionistas, mediante una fórmula que disminuirá progresiva y sensiblemente
las prestaciones de quienes se jubilen después de esa fecha.
Como consecuencia de esta última reforma, las pensiones en
Canarias, como en el resto del Estado, sólo se han incrementado los últimos
cuatro años un miserable 0,25%. Esto significa, por ejemplo, que para millones
de pensionistas el incremento vigente en 2017 no alcance los 1,75 euros al mes.
Si, además, tenemos en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado se prevé que el IPC de este año se va
a situar bastante por encima del porcentaje citado y a ello le sumamos los años
en los que las pensiones han estado congeladas, el resultado es que el poder
adquisitivo de las personas mayores se encuentra en caída libre, con el consiguiente
empobrecimiento y exclusión social de la gran mayoría de las personas
jubiladas.
La aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, que establece el
llamado «copago farmacéutico» y que implica el abono por los
pensionistas de parte –o de todo– el precio de los medicamentos, que hasta esa
fecha eran gratuitos. Un reciente informe de CC.OO. calcula que los
pensionistas y trabajadores activos han gastado en medicinas 6.490 millones más
desde que el Gobierno cambió el sistema de copago en 2012.
LA BRECHA DE GÉNERO.-
La ignominia de la desigualdad de género se advierte claramente en el sistema
de la Seguridad Social. La pensión media de las mujeres es un 30% inferior a la
de los varones. El 62% de las pensiones
de jubilación de las mujeres están por debajo de los 600 euros, si quitamos los
complementos, mientras que en esta misma situación sólo están el 18% de las
pensiones de los hombres. Además, las mujeres constituyen el 93% de las
personas que reciben una pensión de viudedad y el 70% de quienes tienen una
pensión no contributiva, que son las más bajas del sistema. Se mantiene también
en la vejez la desigualdad que viven las mujeres en relación al trabajo y los
cuidados a lo largo de toda su vida.
CONCLUSIONES.- La
crisis de las pensiones no es un problema económico sobrevenido, sino la
consecuencia de unas políticas de austeridad que han desmantelado el incipiente
estado de bienestar de las mayorías sociales, en beneficio de las grandes
corporaciones y empresas del capitalismo financiero. Estas políticas están
sumiendo en la marginación y la miseria a amplias capas de la población, entre
ellas a la mayoría de las y los pensionistas.
La ruina de la Seguridad Social no es tanto una consecuencia
de la crisis como una cuestión de
ideología y voluntad política, que nos aboca a un escenario de pensiones de
subsistencia para pobres y de planes privados de pensiones para la ínfima
minoría que pueda pagarlos.
Por todo ello, las organizaciones sociales, políticas,
sindicales y vecinales firmantes de este
manifiesto, llaman al conjunto de la ciudadanía a movilizarse para asegurar un
Sistema Público de Pensiones que garantice una vida digna a las personas
jubiladas, y que concretamos en los siguientes objetivos:
1º.- Que los desfases entre ingresos y gastos de la Seguridad
Social se cubran desde los Presupuestos
Generales del Estado.
2º.- Aumentar la cuantía de las pensiones –empezando por las
no contributivas y contributivas mínimas–, hasta igualarlas al salario mínimo
interprofesional; dentro del objetivo de lograr que la pensión mínima alcance
los 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea como necesario
para tener una vida digna.
3º.- Recuperar el modelo de revalorización automática de las
pensiones en relación al IPC, para
asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.
4º.- Restablecer los
65 años como edad máxima de jubilación, en el contexto de una escala que
considere edades más tempranas de retiro para aquellas profesiones que
impliquen un mayor desgaste o riesgo físico o psíquico de los trabajadores y
trabajadoras que las ejercen.
5º.- Establecer
fórmulas que rompan la brecha existente entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres.
6º.- Eliminar todo tipo de copago o repago farmacéutico
7º.- Alcanzar cuanto antes la inversión media de la UE en
pensiones.
8º.- Mantener el carácter público de los servicios de la
Seguridad Social, sin privatizar la
gestión.
Organizaciones
firmantes:
Alternativa SOC. CCOO.
COBAS.
CSI-F.
Coordinadora de Estibadores. UGT.
USO. ANC.
Anticapitalistas. J/PCPC.
Izquierda Unida. PCPC. Partido Feminista. Podemos. Recortes 0. Sí se Puede. XTenerife. A.VV. El Perenquén. A.VV.
Toscal Tribulaciones. Asociación para la
Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública Canaria. Canarias se Defiende.
Centro de la Cultura Popular Canaria. Colectivo Harimaguada. Junta Republicana de Canarias. Radio
San Borondón. PLANMOCAN.
S/C de Tenerife, a cuatro de octubre de 2017
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