En 1992 se
crea el Ente Público Aena, encomendándole la gestión de todos los Aeropuertos
del Estado español y manteniendo con los beneficios de los Aeropuertos
rentables, otros aeropuertos de interés general. Se convierte en la mayor
entidad de gestión aeroportuaria del mundo, todo ello sin que le costara ni un
solo euro al contribuyente, pues se financia con los ingresos aeronáuticos y
comerciales propios de su actividad y generando riqueza. A pesar de que en el
pasado año AENA produjo beneficios tras un drástico proceso de
reestructuración, ahora se pretende utilizar la deuda fruto de la mala gestión
de sus directivos como excusa para la privatización.
Prácticamente
desde su creación el Ente Público Aena ha sufrido la amenaza de la
privatización y la constante presión de los grupos financieros plenamente
interesados en participar del pastel ante los excelentes ingresos económicos
que aumentaban año tras año, en paralelo al crecimiento del turismo.
En 2010 se
separa Navegación Aérea (seguiría siendo Ente Público AENA) de Aeropuertos (que
pasaría a AENA Aeropuertos S.A.). Abriéndose la puerta a la entrada en AENA
Aeropuertos S.A. al capital privado, la privatización de algunas Torres de
Control y la posibilidad de gestión individualizada de cada aeropuerto.
En 2012, con
el PP ya en el Gobierno del Estado, se hace público el llamado “Plan de
Eficiencia Aeroportuaria” incluyendo un ERE que afectaría a 1.500 trabajadores
y trabajadoras. Tras la aplicación del Plan de Eficiencia, volvían a apuntar a
la posibilidad de la privatización parcial de AENA Aeropuertos.
Finalmente,
el 13 de junio de 2014 aprueban la venta del 49%, reservándose un 21% a
inversores de referencia y el resto, el 28%, a pequeños inversores. Finalizando
el plazo para salida a bolsa en la primera quincena de noviembre.
El Gobierno
español perjudica gravemente al Pueblo Canario, a sus necesidades vitales de
movilidad y renuncia a convertir los aeropuertos en motores del desarrollo
económico, perjudicando la principal industria actual de Canarias -el turismo-,
y sustituyendo el interés general por el interés de unos pocos. Resulta
alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a los usuarios y a los
ciudadanos/as, el impacto de esta operación en el coste, la calidad y la
seguridad del servicio, así como en la actividad económica.
En Canarias,
el empleo directo que generan los aeropuertos se aproxima a los 1.600 puestos
de trabajo, a lo que habría que sumar todo el empleo indirecto que se genera
alrededor de la actividad aeroportuaria.
Los
aeropuertos son pieza clave para cubrir las necesidades vitales de movilidad de
nuestro pueblo y motor económico de nuestro archipiélago. Nuestros aeropuertos
no pueden permitirse ni más recortes ni más ataques al empleo. En el último año
se ha destruido empleo en todos los sectores: handling, limpieza, puntos de
información, seguridad, mantenimiento, cafeterías, AENA Aeropuertos, etc. El
Ministerio de Fomento ha reconocido recientemente en el Congreso, la reducción
de la plantilla en Canarias en un 15.6 % en los dos últimos años, sólo en AENA
Aeropuertos.
Las
verdaderas consecuencias de la privatización de AENA son:
·
Fuerte incremento del precio de los billetes en los próximos años,
al igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la
electricidad, el agua, etc.
·
Drástico empeoramiento de la calidad y seguridad del servicio
público, como ejemplos: el deterioro progresivo de las infraestructuras
aeroportuarias; las bajadas de nivel de protección del Servicio de Extinción de
Incendios por falta de personal, los incumplimientos reiterados de los
requisitos especificados en los Planes de Emergencia por falta de personal en
servicios como el de operaciones y la eliminación del Servicio Médico y
ambulancia en algunos aeropuertos.
·
Peligro de supresión de las rutas que no sean rentables
económicamente para los inversores, aunque sí lo sean social y económicamente
para el entorno y los ciudadanos a los que se debe garantizar la movilidad y
conectividad.
·
Pérdida de empleo y precarización del trabajo en el sector.
·
Cierre de aeropuertos, necesarios especialmente en un territorio
fragmentado en que los ciudadanos deben trasladarse de modo habitual para
realizar trámites administrativos, acudir a consultas médicas, realizar
estudios etc.
Es evidente
que lo que se juega Canarias en este conflicto es una cuestión estratégica a
medio y largo plazo. Mantener la gestión pública de los Aeropuertos Canarios es
de vital importancia para las necesidades de nuestro Pueblo, su cohesión
social, territorial y su desarrollo económico. Por ello, EXIGIMOS al Gobierno
del Estado, la paralización del proceso de privatización y venta de los
aeropuertos y RECLAMAMOS al Gobierno de Canarias que ponga todos los medios
necesarios para mantener la titularidad y gestión pública de los aeropuertos de
nuestro archipiélago.
Queremos
hacer un llamamiento a la unidad del conjunto de la sociedad Canaria,
asociaciones, colectivos ciudadanos, organizaciones políticas y sindicales, con
el objetivo de mostrar nuestro rechazo más absoluto a esta privatización
tan grave para los intereses de Canarias, privatización sobre la que nadie
nos ha preguntado, y que constituye una nueva agresión a los ciudadanos del
archipiélago, teniendo, como único objetivo, favorecer los interés económicos
de unos pocos a costa de los de la sociedad en su conjunto.
¡NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS!
¡POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD!
